Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias, La Rioja y Castilla y León han considerado que debe ser el Gobierno central el que se encargue de ejecutar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el céntimo sanitario.

Así lo han indicado sus consejeros de Hacienda en una rueda de prensa, que se ha celebrado viernes en la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza, tras mantener una reunión de trabajo para consensuar un documento donde ser recojan los principios básicos de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación.

En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el céntimo sanitario aplicado entre los años 2002 y 2012 en España y en algunas comunidades autónomas para cubrir los gastos de las competencias de Sanidad es "contrario al Derecho europeo".

En este contexto, la consejera de Hacienda de Galicia, Elena Muñoz, ha aclarado que esta sentencia afecta al impuesto antiguo, "no al que esta vigente al día de hoy", a lo que ha añadido que es el Estado el que tiene que buscar el mecanismo "para cumplir la sentencia" y que es el propio Estado a quien le corresponde ese cumplimiento.

Por su parte, la consejera asturiana Dolores Carcedo ha destacado que este impuesto fue creado por Estado en 2002 ( y vigente hasta el 31 de diciembre de 2012) por lo que no puede recaer en las comunidades autónomas la gestión de la situación creada tras la sentencia conocida ayer.

En los mismos términos se ha manifestada la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, quien ha insistido en que debe ser el Gobierno quien lidere el proceso y coordine las actuaciones tras la sentencia, al tiempo que ha recordado que es un impuesto de carácter estatal, cuyo tramo estatal se ha aplicado en todas las comunidades autónomas, mientras que el tramo autonómico algunas autonomías no lo han llegado a aplicar.

Por ello, Del Olmo ha subrayo que "tan ilegal es uno como el otro", en referencia tanto al tramo estatal como al autonómico y ha reconocido que desde el punto de vista tributario es un "tema complejo" en lo que a reclamaciones se refiere, ya que deberían presentarse a la Agencia Tributaria "que es quien ha gestionado" este tributo.

Por su parte, el consejero de Hacienda de Aragón, José Luis Sanz Casado, ha reconocido que la ejecución de la sentencia del TJUE será "complejísima" en lo que se refiere a la puesta en marcha de mecanismos de devolución, aunque habrá que esperar a lo que decida el Gobierno ya que el tema se conoció ayer "y no está maduro".

No obstante, Sanz Casado ha insistido en que esta sentencia de Bruselas "no debería perjudicar a la financiación y recaudación" que las comunidades autónomas han obtenido con este impuesto, un tributo que, según ha recordado, "pasó todas las evaluaciones, incluida la de la Unión Europea".

Por ello, el consejero aragonés ha insistido en que las comunidades autónomas "no deberían soportar esa corrección jurídica".

El consejero de Hacienda de Extremadura, Antonio Fernández, ha coincidido con sus compañeros de mesa al señalar que debe ser el Gobierno central quien gestiones esta cuestión ante Europa.