El síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha afirmado que la extinta Conselleria de Solidaridad debería haber requerido a la Fundación Cyes la devolución del importe que destinó a la compra de tres inmuebles y de un garaje en la ciudad de Valencia con el dinero de las subvenciones de 2008 para dos proyectos en Nicaragua. Y, sin embargo, a lo largo de todo el procedimiento no llegó nunca a hacerlo.

Queralt se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, en el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes, que recibió en 2008 un total de 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua de los que solo llegaron 43.000 euros a su destino, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia.

El testigo ha explicado que durante la fiscalización de las ayudas concedidas a la Fundación Cyes —por requerimiento de las Corts—, en la Sindicatura se percataron de diferentes "incidencias" que fueron trasladando a la Conselleria -cuando estaba dirigida por Rafael Blasco— hasta que elaboraron el informe final. Entre ellas, se encontraba el aspecto de la compra de inmuebles con cargo a las ayudas.

Al respecto, ha comentado que en su informe contemplaron que cuando la Conselleria comprobó que los bienes adquiridos por la fundación no estaban a nombre de los destinatarios de los proyectos —tal y como era obligatorio—, rechazó "debidamente" los justificantes. Entonces, se le ha preguntado en qué documento comprobaron que se había rechazado correctamente, a lo que ha respondido que en el certificado de julio de 2010 firmado por el exsubsecretario Alexandre Català, en el que constan las facturas admitidas y excluidas —el mismo fue elaborado meses después de la fecha de la que se deja constancia—.

En este certificado —ha agregado— comprobaron que la Conselleria pidió la sustitución de los justificantes de la adquisición de inmuebles por otras facturas. Preguntado entonces por si considera que la Conselleria debió requerir en ese momento a la fundación la devolución del dinero por la compra de los pisos tras rechazar estas facturas iniciales, ha respondido que "sí", aunque es algo que no se llegó a hacer.

Sobre las facturas que aportó posteriormente la Fundación Cyes, una vez rechazadas las relativas a los pisos, para justificar las ayudas, el síndic ha comentado que no pudieron valorar si los gastos aportados -por paneles solares o placas, entre otros— eran "precisos" porque no había ninguna resolución que así lo indicara y porque tampoco pudieron ir al país y ver si era "lo necesario". "En todo caso —ha añadido— habría que verlo 'in situ' y comprobar la contabilidad de las empresas que suministraron todo eso".

Como consecuencia de esta apreciación, Queralt ha puntualizado que en su informe —en el que constaba un voto particular que requería la devolución de las ayudas— recomendaron a la Conselleria que se dirigiera a la ONG para que completara la justificación de los medios y las formas de pago: "debería haberse dirigido a la fundación para que demostrara cómo se hizo el pago de las facturas, a qué cuentas se pagaron y cuál fue el movimiento de los fondos".

"El auditor —ha puntualizado— siempre entendió que en este caso si las nuevas facturas venían a sustituir justificantes, tenían que demostrar el movimiento del dinero, y eso no lo vimos a lo largo del proceso". Sin embargo, sobre este aspecto, desde la Sindicatura tan solo se hizo una recomendación a la Conselleria, pero no le indicó que solicitara el reintegro del dinero. Se le ha preguntado cuál fue el motivo, y ha señalado: "estos expedientes tienen unas peculiaridades específicas. Lo que pretendimos es dar la opción, dar cierta flexibilidad a que se pudiera justificar la subvención".

Tras la recomendación, el testigo ha expuesto que luego la Conselleria no les notificó si había cumplido con los consejos, aunque también ha dicho que cree que no tenía ninguna obligación de hacerlo. "Se nos pidió hacer el informe con urgencia y celeridad en un momento del año muy complicado y nos limitamos a revisar los papeles que estaban en el expediente. En esas fechas era imposible ampliar nuestro trabajo. Si se hubiera querido, lo podría haber hecho las Corts", ha agregado.

Sobre la experiencia

En relación con la experiencia previa requerida a la Fundación para concederle la subvención, Queralt ha explicado que había un "problema" en cuanto al reconocimiento de la experiencia puesto que solo figuraba un documento en el que se indicaba la misma y en base a éste se otorgaron las ayudas. Y precisamente este informe fue el elaborado por una evaluadora, Caaz: "este documento no era congruente y era débil, porque la experiencia solo se refería a la formación", ha matizado.

El testigo ha indicado así mismo que ni en la solicitud ni en la reformulación del proyecto de la Fundación Cyes figuraba la entidad Promundis, lo que parecía indicar que "no colaboraba con nadie en ese momento", requisito imprescindible para optar a las subvenciones. Preguntado entonces por qué no se hizo constar este aspecto en el informe, ha dicho que se hizo una "referencia", pero que no trataron las tareas y facturas.

En relación con las facturas presentadas por Arcmed, mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, que facturó a la Fundación Cyes unos 400.000 euros por trabajos de asesoramiento, ha señalado que las asistencias "no formaban parte del expediente. Si consistían en asesoramiento, en el expediente no figuraban, aunque sí el pago. Se pagó una factura con arreglo a una subvención y el trabajo realizado no lo vimos", ha destacado.

Nada sobre presiones

A Queralt se le ha preguntado además por si en el momento de examinar la documentación y para hacer el informe final, se les trasladó una reunión que hubo el 31 de julio en la Conselleria en la que hasta cuatro técnicos mostraron discrepancias con otorgar las subvenciones a la Fundación Cyes y, como consecuencia, recibieron diferentes presiones por parte de Blasco. Al respecto, ha señalado que "no", que no se le comentó "ninguna incidencia".

Por último, se le ha interpelado por una reunión de más de tres horas con personal de Conselleria, en la que también estaba el exconseller, y ha señalado que la misma se prolongó porque existían "discrepancias": "fue una reunión larga. Hablaron de cuestiones desde todos los puntos de vista, hubo intervenciones del tipo administrativo, otras de aplicación de principios de auditoría pública... Blasco defendió la tramitación de los expedientes".