El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha informado de que el recurso contra la Ley turística del archipiélago, interpuesto por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional (TC), "busca evitar la discriminación respecto a la autorización de hoteles y apartamentos de cualquier categoría en las islas".

Al respecto, señalan que la Ley aprobada por el Gobierno de Canarias, en su artículo 45.2, "establece con carácter general la prohibición de nuevas autorizaciones previas para la nueva implantación de establecimientos de alojamiento en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife con la excepción de las establecidas en las letras a y c (hoteles y apartamentos con categoría de cinco estrellas o superior)".

Por ello, la Abogacía del Estado ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra estos apartados (art. 45.2.a y c) donde, puntualiza, "impiden la construcción de hoteles de cuatro estrellas o menor categoría", con el fin de que se permita la construcción de establecimientos de cualquier categoría en el archipiélago, según informó la Delegación del Gobierno en Canarias.

En este sentido, el Estado ha impugnado la prohibición de construir nuevos hoteles, no la excepción que permite construir hoteles y apartamentos de más de cinco estrellas, por lo que matiza que "cualquier otra interpretación es una interpretación interesada que pretende confundir a los ciudadanos y a los empresarios".

Añade que limitar la autorización de nuevas instalaciones hoteleras en Canarias "únicamente a los hoteles y apartamentos de cinco estrellas o superior es un requisito de naturaleza económica contrario" a la Ley sobre el Libre Acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, del 23 de noviembre de 2009, legislación básica estatal dictada en transposición de la Directiva de Servicios del Mercado Interior y que consagra el principio de libertad de establecimiento en todo el territorio nacional.

Al respecto, recoge que se considera en este sentido que, en la medida en que la exigencia de una determinada categoría hotelera (cinco estrellas o superior) se evalúa en términos de oferta y/o demanda turísticas, estrechamente ligados a pruebas económicas, "se está limitando el acceso y ejercicio de actividades turísticas por criterios económicos, un requisito prohibido de acuerdo con el artículo 10.e) de la citada Ley sobre el Libre Acceso a las actividades de servicios y su ejercicio".

Por último, concluye que el Gobierno central "busca que se cumpla la ley en todo" el territorio nacional, por lo que agregó que el Ejecutivo canario "debe responder de su planteamiento de restringir la inversión" en las islas.