La Síndica de Greuges (la defensora del pueblo) de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha presentado este viernes su informe de 2013 y ha aprovechado su intervención en el pleno para cuestionar la necesidad de cobrar para acceder a espacios emblemáticos del Ayuntamiento.

En su intervención ante el plenario municipal, ha instado a "reflexionar y meditar si el pago es la mejor solución", después de que el año pasado se implantara el pago para el Park Güell, algo que también se hará en el Castillo de Montjuïc y en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau.

Además, ha considerado necesario que quien contamine o ensucie en la calle pague el coste de limpieza, y ha reclamado más controles ante la "invasión" que sufre el espacio público por actividades privadas.

La vivienda pública, especialmente para situaciones de emergencia, es una parte significativa de las peticiones de Vilà. Precisamente, el pleno prevé aprobar la creación de la empresa Barcelona d'Aparcaments Municipals (Bamsa), que se privatizará parcialmente, y el dinero que se obtenga con esta operación se destinará mayoritariamente a promover pisos protegidos en la ciudad.

Vilà ha pedido un plan de choque para que puedan acceder a una vivienda los colectivos más vulnerables, incluidos los desahuciados, y ha pedido cambios en el reglamento de acceso a los pisos de emergencia, ya que se ven excluidas las familias sin techo que han ocupado un piso ante su situación de vulnerabilidad.

Ha recordado que hay más de 15.000 personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda pública de Barcelona, la mitad de los cuales no alcanzan el indicador de renta de suficiencia de Cataluña, que este año se sitúa en los 569,12 euros mensuales, y eso hace imprescindible una actuación urgente del consistorio.

El presidente del grupo del PSC, Jordi Martí, ha remarcado que la crisis "no es culpa del gobierno, pero tiene la responsabilidad de hacerle frente"; ha destacado que el principal problema de Barcelona no es el acceso a la vivienda, sino los desahucios, y ha considerado inaceptable multar a personas en situación de exclusión social por incivismo.

Precisamente, la Síndica ha pedido cambios en la ordenanza de civismo para garantizar la buena convivencia. "No puede ser que la Guardia Urbana multe con 120 euros por beber una cerveza en un banco de la vía pública y que quien abra una terraza sin permiso solo reciba un aviso de modificación", ha explicado a modo de ejemplo.

Ricard Gomà (ICV-EUiA) se ha sumado a esta petición porque la normativa "es un instrumento generador de injusticia; se deben modificar los protocolos de intervención que permiten denunciar a personas vulnerables".

El líder de UpB, Jordi Portabella (ERC), ha coincidido en resaltar que "la dignidad de las personas pasa por el trabajo y la vivienda", y ha opinado que el gobierno municipal no ha hecho suficiente en este último campo.

El presidente del PP en el consistorio, Alberto Fernández, ha señalado la necesidad de mejorar el funcionamiento y la sensibilidad del Ayuntamiento, y ha expresado la necesidad de reducir las listas de espera para acceder a los servicios sociales.

Vilà también ha pedido incluir la institución, creada hace diez años, en la Carta Municipal para garantizar el pleno derecho de la ciudadanía a defenderse ante una eventual "mala administración" del consistorio.

De este modo, la Sindicatura instruiría un expediente de propuesta de mejora ante las quejas y demandas de la ciudadanía, aunque la "última palabra" la tendría el alcalde. Desde el gobierno municipal, el concejal de Presidencia, Jordi Martí Galbis, ha reconocido el trabajo de la Síndica, y el alcalde, Xavier Trias, ha asegurado que tendrán en cuenta todas las recomendaciones del informe: "Intentaremos aplicarlas".