La prensa colombiana denuncia "constantes presiones" por parte de las autoridades locales

  • La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) las constata, a dos semanas de las elecciones parlamentarias, en Boyacá, Cúcuta, Montería, Bogotá y Guaviare.
  • El gerente del Canal Capital (TV pública del distrito Bogotá), Hollman Morris, denuncia haber recibido amenazas; y la cadena ataques informáticos.
  • Otros periodistas y políticos han sufrido intentos de asesinato, como la candidata presidencial Aída Avella, a finales de la pasada semana.
  • Un periodista colombiano, al que Uribe acusó de terrorista, busca apoyo de la justicia española.
Aída Avella, candidata a la presidencia de Colombia.
Aída Avella, candidata a la presidencia de Colombia.
EFE
Aída Avella, candidata a la presidencia de Colombia.

Las democracias liberales modernas se rigen no solo por la separación de poderes y la elección, por medio del voto universal, de los representantes y gobernantes. Es condición básica que, además y entre otras cosas, se fomente y se ampare la libertad de opinión y el derecho a la información. En Colombia, a tenor de lo que denuncia la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no se cumple esta premisa en al menos cinco localidades.

El organismo independiente encargado de velar por el periodismo libre en Colombia ha llamado la atención "por las constantes presiones que se están presentando a la prensa por parte de autoridades locales" a falta de dos semanas para que se celebren las elecciones parlamentarias en todo el país. En concreto, desde la FLIP denuncian varios capítulos concretos que irían encaminados a presionar y amedrentar a los medios de comunicación no afines:

  • Bogotá: Tanto la Personería de Bogotá (el organismo que ejerce el Ministerio Público) como la Procuraduría del distrito de la capital (encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes) han adelantado la apertura de expedientes disciplinarios contra periodistas del Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, que tiene una programación muy comprometida con asuntos de derechos humanos y con el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado. Tal como denuncian desde la FLIP, desde estos organismos tienen derecho a abrir estas acciones disciplinarias, si bien "esta competencia no se extiende a los contenidos periodísticos", ya que en estos casos es un asunto del Constitucional. "Causa preocupación que los entes administrativos estén solicitando información sobre la cantidad de cubrimientos, de programación y copia de vídeos", concluyen.

    Además de los procesos sancionadores, el gerente del Canal Capital, Hollman Morris, quien asegura que ha recibido amenazas de muerte, así como ciberataques durante los últimos dos años. Morris ya reclamó hace meses apoyo por parte de la justicia española, después de que fuera víctima de escuchas telefónicas e incluso acusado de "terrorista" por parte del expresidente Uribe.

  • Boyacá: Son varios los casos de presiones en esta región del centro oriente del país. Según la FLIP, la alcaldesa de la localidad colombiana de Paipa fue acusada de retirar la publicidad del programa de radio Mesa Redonda Internacional, en el que se era crítico con el Gobierno municipal. Pese a que la edil de Paipa ha manifestado que no se eliminó ese espacio publicitario, desde la Fundación han reclamado una mayor "tolerancia" a las críticas. Por otro lado, el alcalde de la localidad de Chiquinquirá, fue pillado en un vídeo en el que afirma su intención de desenmascarar periodistas en público, y para que quienes hablaran mal de la administración se "atengan a las consecuencias".

  • Cúcuta: En esta ciudad del norte de Colombia, los funcionarios locales han visto como se les ha prohibido cualquier entrevista con la prensa sin autorización previa, ya que los medios "tergiversan la información". Esta medida atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos colombianos, según la FLIP, que reclama también más tolerancia a la crítica por parte de la administración.

  • Montería: Otro programa clausurado, en este caso el pasado 17 de febrero, debido, presuntamente, a las presiones del gobernador de Córdoba. Según fuentes del propio medio, "el cierre se dio por aparentes malas prácticas de los comunicadores", lo que supone un tema especialmente delicado a apenas dos semanas de las elecciones. "Esto afecta a la pluralidad de voces en el debate democrático", denuncian desde la FLIP.

  • Guaviare: En este caso denuncian "persistentes dificultades" para poder cubrir el proceso electoral en este departamento. Y es que varias autoridades locales estarían impidiendo el ingreso de los periodistas en los puestos de votación. "Este tipo de limitaciones a la prensa deben estar establecidas en una ley y no pueden imponerse a la discreción de los funcionarios públicos", recuerdan los miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa.

Ataques a los opositores

Tal como denuncian organizaciones de derechos humanos, asociaciones de prensa colombianas e incluso periodistas internacionales, las críticas y la oposición política en Colombia se paga con amenazas, presiones e incluso con un peligro de muerte real. Es el caso de Aída Avella, candidata a la presidencia de Colombia por parte del partido Unión Patriótica, que el pasado domingo sufrió un atentado contra su vida, del que logró salir ilesa. Cartel de protesta en Colombia.

Tal como cuenta la prensa local, mientras viajaba en una caravana electoral a través del departamento de Arauca y en dirección a Puerto Jordán, tanto Avella como el candidato a presidir el Senado (Carlos Lozano) fueron atacados por desconocidos, que dispararon numerosos balazos contra los siete vehículos que formaban la expedición. Hasta el momento sigue sin esclarecerse la autoría de este atentado contra esta candidata izquierdista: Mientras el Gobierno colombiano proclama que el ataque fue causado por miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la propia Avella se muestra segura de que son las fuerzas militares las que están destrás del intento de asesinato.

No ha sido un caso aislado, la violencia organizada lleva años golpeando a los disidentes en Colombia. Tal es la situación de persecución de estos periodistas, políticos y sindicalistas opositores que muchos han tenido que exiliarse ante el peligro evidente que corren sus vidas. Así, en España varias ciudades (Gijón, por ejemplo), han mantenido programas de acogida para represaliados que huyen de la violencia de los paramilitares.

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