En concreto, una de las portavoces del colectivo, Virginia Vázquez, ha indicado a Europa Press que se acometerá una entrega de premios 'paralela' a las distinciones que las administraciones promueven con motivo del 28-F, "con una temática relacionada con el título de animadores socioculturales que nos piden".

Asimismo, es "muy probable" la participación de los afectados en la movilización convocada para ese día por IULV-CA. "Si coinciden, nos dividiremos", ha asegurado Vázquez.

Por lo demás, un juicio que aglutinaba casos de estos monitores programado para este lunes en Córdoba, que tras el aplazamiento reciente de otro en Cádiz hubiera sido la primera vista oral del caso, ha quedado igualmente suspendido, al igual que el inicial, por la falta de notificación en tiempo y forma a empresas en las que algunos de estos trabajadores desempeñaron sus funciones una vez surgió el conflicto. La vista se llevaría a cabo en marzo, al igual que otras causas en Málaga y Granada.

La administración andaluza, por otro lado, ya habría confirmado a varios de estos trabajadores que no se recurrirían eventuales resoluciones judiciales a favor de los trabajadores que han presentado demanda.

El colectivo acabó insatisfecho tras una entrevista mantenida en el Parlamento, a donde habían acudido para protestar, con la secretaria general de Educación, Elia Maldonado, "que nos contó otra vez la misma película, la de que el plan de choque no se puede modificar y que los problemas de la titulación vienen dados por el hecho de que los sindicatos no se habían puesto de acuerdo, cuando a los representantes sindicales se les negó la entrada en la reunión".

La única opción que, según Vázquez, se abre para los monitores por ahora es seguir con las demandas judiciales interpuestas. Al respecto, ha subrayado que tanto desde la Consejería como desde algunas Delegaciones Territoriales se ha recalcado el hecho de que el Ejecutivo andaluz no tiene intención de recurrir el resultado de las mismas, "si bien nos dicen que, aunque seamos personal reconocido de la Junta, si no tenemos la acreditación nos ponen en la calle".

A falta de que se confirmen los detalles del plan de choque, que nace para un año y para el cual el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no ha llamado a ninguno de estos 840 profesionales, la portavoz confirma que seguirán manifestándose y haciendo ver su problemática de manera pública.