Cuatro cargos de la Junta declaran este jueves como testigos en el 'caso Bahía Competitiva'

El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha citado a declarar este miércoles como testigos a cuatro cargos de la Junta de Andalucía en el marco de la instrucción del 'caso Bahía Competitiva'. Se trata de Angelines Ortiz, actual directora de Economía Social de la Junta y exdelegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz; el exdelegado provincial de Agricultura y Pesca en Cádiz Juan Antonio Blanco; el director de Infraestructuras y Espacios Productivos de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Sánchez, y el secretario general de IDEA, Francisco José Morillo.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha citado a declarar este miércoles como testigos a cuatro cargos de la Junta de Andalucía en el marco de la instrucción del 'caso Bahía Competitiva'. Se trata de Angelines Ortiz, actual directora de Economía Social de la Junta y exdelegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz; el exdelegado provincial de Agricultura y Pesca en Cádiz Juan Antonio Blanco; el director de Infraestructuras y Espacios Productivos de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Sánchez, y el secretario general de IDEA, Francisco José Morillo.

Fuentes del caso han confirmado a Europa Press que Ortiz, Blanco, Sánchez y Morillo han sido citados como testigos a partir de las 11,00 horas de este jueves por la juez Lourdes del Río, titular del juzgado que instruye el citado caso, que investiga el presunto fraude millonario cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del plan que ha dado nombre al procedimiento.

Cabe recordar que un total de 31 personas han sido detenidas en distinta fases de la investigación por el presunto fraude del Bahía Competitiva.

Se trata de una supuesta trama en la que, según resumía la Policía al darla por desarticulada, medio centenar de empresas solicitaban ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación gaditana y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión, y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.

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