El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha debatido el impacto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como 'reforma local', en el Consistorio hispalense. Durante el debate, el portavoz socialista, Juan Espadas, ha preguntado sobre el "impacto" de la nueva regulación al temer una "merma" de los servicios asociados a competencias afectadas por la nueva ley, mientras el alcalde, Juan Ignacio Zoido, ha defendido que su "intención es seguir prestando todos y cada uno de los servicios que venimos prestando" sin reducir las plantillas.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha contado con hasta 39 borradores, implica como hemos informado una adaptación de las administraciones locales a una nueva regulación que reconoce como competencias "propias" de los ayuntamientos el urbanismo, la vivienda protegida, el medio ambiente urbano, el abastecimiento de agua, el viario público, la evaluación de situaciones de necesidad social, la Policía Local, el tráfico urbano o la promoción turística. La nueva regulación, por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, por ejemplo, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.

Merced a la nueva regulación, que incide especialmente en los programas cofinanciados entre el Ayuntamiento y otras administraciones para aspectos como los servicios sociales o el empleo, por ejemplo, el Consistorio hispalense paralizó tres escuelas taller cofinanciadas junto con la Administración autonómica, pues la Intervención General había emitido un reparo al expediente de contratación de los 18 monitores bajo la premisa de que la nueva ley no permite librar fondos municipales para equiparar sus salarios a los del convenio colectivo del Consistorio.

La situación fue salvada al decidir el Gobierno municipal levantar el reparo de la Intervención General, pero sufrirían la misma suerte unos 40 administrativos asociados a los servicios sociales comunitarios encargados de la aplicación de la Ley de Dependencia, prestada por el Ayuntamiento a través del conocido como servicio de 'ayuda a domicilio' pero financiada siempre por las administraciones central y autonómica.

Al pleno

Pues bien, dada la situación, el Grupo socialista había reclamado la comparecencia del alcalde para debatir la aplicación de la reforma local en el propio Ayuntamiento hispalense, extremo que ha aceptado el primer edil. En ese sentido, el portavoz socialista, Juan Espadas, ha pedido un análisis profundo y detallado sobre el "impacto" de la nueva regulación, pues el conflicto de las escuelas taller ha puesto de relieve "los problemas de la nueva ley". Espadas ha manifestado que la nueva regulación incide especialmente en los servicios que el Ayuntamiento presta en materia de servicios sociales, empleo, juventud, consumo y mujer, al tratarse de aspectos afectados por la reestructuración de las competencias y cofinanciados entre el Ayuntamiento y otras administraciones.

"¿Hay o no voluntad de seguir participando en estos programas cofinanciados?", ha preguntado retóricamente Juan Espadas avisando de que la reforma local deja "huérfanos" a los servicios sociales o los programas de formación y empleo que presta el Ayuntamiento hispalense. Así, ha preguntado si el Gobierno local solicitará a la Junta la delegación de las competencias en materia de asuntos sociales y si intentará conservar su papel en los programas de formación y empleo. Igualmente, ha reclamado saber qué sucederá con los fondos que los presupuestos del Ayuntamiento para 2014 reservan para los programas afectados por la nueva regulación si finalmente median suspensiones. Para Espadas, de cualquier modo, la aplicación de la reforma local se traducirá en una "merma" en los servicios públicos porque los aspectos afectados seguirían adelante con aportaciones económicas de otras administraciones, pero no del Consistorio.

El alcalde, por su parte, ha defendido que el Gobierno municipal, sus técnicos y los altos funcionarios estudian "desde hace muchos meses" la aplicación de la reforma local. "Estamos trabajando en el encaje total y definitivo de la Ley. Hay algunas cuestiones que no están resueltas", ha manifestado Juan Ignacio Zoido recordando que la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) estipula el "núcleo competencial propio" de los ayuntamientos andaluces y es necesario un "estudio jurídico" para averiguar como "confluyen" ambas normativas. En ese sentido, ha reclamado "cautela" al PSOE para que abandone el discurso "alarmista". "No se ha paralizado nada", ha manifestado respecto a los programas financiados, admitiendo, eso sí, que "ha sido necesario adaptar algunas cosas".

Zoido defiende la reforma local

El primer edil, en ese sentido, ha defendido la reforma local como nueva "disciplina" para la Administración local e instrumento de lucha contra el "despilfarro" y la duplicidad administrativa y ha esgrimido que se ha reunido con los representantes de la plantilla ante las inquietudes manifestadas por los mismos ante el desembarco de la nueva regulación. "Nuestra intención es seguir prestando todos y cada uno de los servicios que venimos prestando. La plantilla de personal del Ayuntamiento no va se va a ver afectada en su número", ha enfatizado el alcalde negando igualmente incidencias en los presupuestos de 2014.

El primer edil, en el marco de la aplicación de la reforma local, ha negado que la sociedad Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa), participada en un 51 por ciento por la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), tenga que ser disuelta porque "está saneada", ha considerado que el Consorcio de Turismo podrá seguir ejerciendo sus mismas "políticas" y ha esgrimido que el Ayuntamiento trabaja para poder constituir el consorcio gestor de la futura zona franca con participación del propio Consistorio, pues la nueva ley incide igualmente en la creación de nuevas entidades satélite de la administración local. Por último, ha negado que la reforma local implique una merma de los servicios inherentes a los programas cofinanciados.