Todos los grupos políticos del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han aprobado por unanimidad este miércoles una declaración institucional en la que acuerdan instar al Gobierno de Canarias para que en el próximo reparto del Fondo Canario de Financiación Municipal se abone a Las Palmas de Gran Canaria la cantidad de 6,5 millones de euros.

Según informó el Consistorio capitalino, esta cifra sería en concepto del importe que "indebidamente" se le ha detraído durante los últimos años "por el aumento fraudulento de los habitantes del padrón de Santa Cruz de Tenerife".

Por su parte, la Corporación en Pleno ha manifestado con dicha declaración institucional su rechazo a la deslealtad institucional que ha supuesto el comportamiento fraudulento que durante tantos años se ha producido en el tratamiento del padrón municipal de habitantes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, perjudicando con ello al resto de administraciones públicas canarias.

Asimismo, el Pleno ha decidido que el destino del importe de esos 6,5 millones que esperan que se abone a Las Palmas de Gran Canaria, sea debatido en una sesión extraordinaria del Consejo Social de la Ciudad, vinculando el destino de esa cantidad "a gastos sociales e inversiones públicas clasificadas de servicios sociales, promoción económica y actuaciones en beneficio de la generación de empleo".

Desconcierto por la "grave" actuación de santa cruz de tenerife

El Ayuntamiento explicó que la declaración institucional refleja el desconcierto de todos los grupos políticos por "la grave actuación de Santa Cruz de Tenerife, durante 16 años, vulnerando el deber de lealtad institucional, propiciando un padrón irreal".

Además, expresó la necesidad, "sin distinción entre responsabilidades de gobierno o de oposición", de solicitar de forma unánime "medidas correctoras durante los próximos repartos de los fondos económicos, provengan de la administración que provengan, en aras de resarcir los perjuicios ocasionados a Las Palmas de Gran Canaria".

En ese sentido, señaló que "la esbozada prescripción de un presunto delito no puede, en ningún caso, suponer una excusa o parapeto para legitimar mediante el silencio un comportamiento que debe ser condenado públicamente de la forma más enérgica y, sobre todo, corregido mediante la restitución económica a los municipios afectados".