El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, que investiga el sobrecoste de las naves de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) que se encargaron a la empresa Codesport, ha fijado una fianza 18.850.000 euros, que deberán prestar conjunta y solidariamente, en concepto de responsabilidad civil los imputados Agapito Iglesias, Carlos Escó y Ricardo García Becerril.

El propietario del Real Zaragoza y de Codesport, Agapito Iglesias, el excaonsejero delegado de Plaza, Carlos Escó, y el exgerente de esta sociedad pública, Ricardo García Becerril. están imputados por los presuntos delitos de malversación de caudales y administración desleal, que en el caso del empresario se suman al de presunta estafa. Plaza adjudicó a Codesport la construcción de varias naves por 14 millones de euros, cantidad que finalmente alcanzó los 32,3 millones, una desfase económico que investiga el juez.

En un auto fechado este miércoles, 26 de febrero de 2014, el juez ha dispuesto que los tres deberán hacer efectiva la fianza en el plazo de un día, y de no hacerlo se les embargarán sus bienes.

Los encartados disponen de 24 horas a partir de que se les comunique la resolución para pagar la fianza. El auto no es firme y las defensas pueden interponer recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de tres días.

ARGUMENTOS

En los fundamentos de derecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 se remite al artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para indicar que cuando en una causa se aprecian indicios de criminalidad el juez fijará una "fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias" y se decretará el embargo de bienes para cubrir las responsabilidades económicas establecidas. La fianza no puede bajar de la tercera parte de las probables responsabilidades pecuniarias.

En el auto, el juez señala de lo actuado se desprenden "suficientes indicios de criminalidad" al apreciar un desfase en las cantidades. Añade que el coste inicial del proyecto era de 14 millones de euros y "la resultante final" de 32 millones, y que estas cantidades "pudieran, presuntamente, provenir de dinero público", y siendo el incremento de la obra construida de 3,5 millones, según un dictamen pericial, "puede dimanar una responsabilidad civil de los imputados", por lo que procede la prestación de la mencionada fianza para cubrir la expresadas responsabilidades.