Los grupos políticos de la oposición en la Diputación de León, PSOE, UPL y Grupo Mixto, han criticado la intención de la institución provincial de establecer un precio público y cobrar a las juntas vecinales por realizar su Informe Anual de Cuentas, requisito imprescindible para su supervivencia tras la aprobación de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, y prestar servicios de contabilidad y gestión de cuentas.

Poner precio a este servicio, que anteriormente la Diputación prestaba de forma gratuita, es "poner trabas" las más de 1.200 juntas vecinales que posee la provincia de León y que en su mayoría "no tienen recursos y su presupuesto es cero", ha criticado el portavoz de UPL, Lázaro García Bayón.

"Si se continúan quitando ayudas e imponiendo gastos se va a condenar a las juntas vecinales a su desaparición", ha agregado el diputado leonesista.

El PSOE se ha sumado a estas críticas y ha insistido en que la Diputación debe "seguir manteniendo este servicio a las juntas vecinales" porque, con la aprobación de la reforma de la administración local, "no se trata de un buen momento para empezar a cobrar por la realización de las cuentas".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Matías Llorente, ha instado a la institución provincial a que "quite este aval y dé el servicio que le corresponde" ya que, en su opinión, "se trata de una competencia propia de la Diputación".

El portavoz de la Diputación, Jaime González, ha contestado a la oposición que "por el momento" la institución provincial no está cobrando a las juntas vecinales por prestar este servicio.

No obstante, ha agregado el diputado popular, la obligatoriedad de llevar a cabo la contabilidad de las juntas vecinales corresponde a las entidades locales, por lo que si la Diputación presta ese servicio en algún caso es "por omisión de un ayuntamiento".

Además, ha afirmado que llevar la contabilidad y presupuesto a las juntas vecinales "no es una función propia de la institución provincial" y se trata de un cometido que también puede llevar a cabo el sector privado.

Por estas razones, ha aseverado, la institución provincial se ve "obligada por ley" a establecer un precio público para la prestación de este servicio. En este momento, ha añadido González, se están realizando las gestiones necesarias para fijarlo.