Las quejas del área de Bienestar Social presentadas al Justicia de Aragón en 2013 se han elevado en el 147%, pasando de 211 a 522, de las que 300 han sido por los retrasos y denegación en la concesión del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que solicitan "personas que antes no estaban en riesgo de exclusión y ahora sí".

Así lo ha expresado el Justicia, Fernando García Vicente, ante el pleno de las Cortes autonómicas, donde ha presentado su Informe anual de 2013. Según ha comentado, en la tramitación del IAI se han detectado retrasos de hasta nueve meses, cuando habría que dar una "rápida respuesta a situaciones de exclusión sobrevenida y de urgente necesidad".

El Justicia ha precisado que de las 133 resoluciones dictadas en Bienestar Social, 96 corresponden al IAI, de las que la Administración ha aceptado el 63 por ciento. "Es un tema de importancia porque es una prestación básica", que, además, "tiene efectos colaterales" ya que, por ejemplo, si se es perceptor del mismo se tiene acceso a la concesión de otras ayudas, como las becas de comedor escolar, ha apuntado.

García Vicente ha añadido que los problemas del IAI también suponen que haya personas que no puedan pagar el alquiler de la vivienda, cuestión que también ha suscitado un alto porcentaje de quejas, por lo que ha pedido a todos los poderes públicos que trabajen de forma coordinada y faciliten una solución lo más ágil posible a las ayudas urgentes.

El Justicia ha tramitado en 2013 un total de 2.560 quejas, casi un 11 por ciento más que el año anterior. Por provincias, de Zaragoza ha recibido 1.856, 312 de Huesca y 161 de Teruel.

Dentro de su actividad, García Vicente ha visitado 13 comarcas y se ha reunido con 150 personas y 15 asociaciones en ellas. La forma preferida por los ciudadanos para dirigirse a la institución ha sido la presencia, por la que han optado 1.108 personas. Como novedad, en 2013 el Justicia está presente en Twitter en la cuenta '@el_justicia'.

440 RESOLUCIONES

Del total de quejas tramitadas en 2013, 1.101 han correspondido al ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma, 763 a la Administración Local y 82 al Estado. El resto han sido rechazadas o remitidas a otros defensores del pueblo, a colegios profesionales y a empresas privadas que gestionan servicios públicos.

El Justicia de Aragón ha formulado 440 resoluciones dirigidas a la Administración —incluidos, 22 recordatorios de deberes legales—, un 12 por ciento más que en el año 2012. El porcentaje global de aceptación ha sido del 62%, el 19% han sido rechazadas, el 12% están pendientes de respuesta y siete archivadas sin respuesta.

La información proporcionada directamente por la Institución al ciudadano o solicitada por el Justicia a la Administración competente ha sido suficiente para resolver 962 asuntos; su mediación ha contribuido a resolver otros 216 y en 39 ocasiones el ciudadano ha comunicado que, una vez abierto el expediente, el problema se ha solucionado.

La Institución ha resuelto los problemas de los ciudadanos en 1.710 casos sumando las sugerencias, los 24 informes y los 90 casos de traslado a la Administración competente. Por otra parte, en 2013 ha elaborado un informe especial sobre transparencia y buen gobierno y otro sobre empleo público.

Asimismo, ha publicado cinco libros y su titular ha pronunciado 17 conferencias sobre la Institución y el Derecho Aragonés. El presupuesto ha sido de 2.040.183,07 euros, un 2,45% menos que el año anterior.

SANIDAD

El Justicia ha recibido 150 quejas sobre sanidad, las más frecuentes sobre listas de espera, retrasos en el tratamiento, copago farmacéutico, posibles negligencias médicas, reintegro de gastos, financiación de tratamientos y asistencia médica psiquiátrica.

En relación con esta última, García Vicente ha pedido al Gobierno que paralice y se replantee "concentrar en un solo lugar" la atención "a los enfermemos mentales" en la ciudad de Zaragoza porque "puede estigmatizar a esas personas" y "no concuerda un con tratamiento moderno".

No obstante, ha calificado de "positiva" la creación del hospital del día de salud mental en el Hospital Miguel Servet. También ha defendido "buscar alternativas razonables" a la Fundación Agustín Serrate de Huesca.

Por otra parte, ha considerado que una "línea roja que no podemos pasar" que haya una persona extranjeras que requieran asistencia sanitaria y no la reciba, para asegurar que no ha recibido ninguna queja al respecto, tampoco después de dirigirse a algunas asociaciones.

En Educación, ha habido 219 quejas, destacando las relaciones con las becas de comedor, asunto del que el Justicia ha opinado que hay que estudiar cada caso porque es una cuestión en la que "estamos cerca de esa raya roja" que no habría que sobrepasar, una cuestión a la que se debe hacer frente desde todas las Administraciones, ha dicho.

También ha mencionado la queja presentada por 800 personas en contra de la prueba de evaluación de sexto de Primaria en la provincia de Teruel y ha asegurado que existe una "tendencia" en los países más desarrollados a la evaluación externa educativa.

En este ámbito ha alertado de los centros "donde hay muchos niños con necesidades educativas especiales" y ha abogado poner una tasa límite por aula en el primer curso, mientras que ha señalado que "hacen falta más plazas" para algunas especialidades de Formación Profesional.

Sobre el acceso a la función pública docente, ha considerado "injusto" que una persona que carece de experiencia y saca la nota máxima no pueda obtener una plaza, al tiempo que ha apostado por que "todos ustedes pacten cada año para que las plazas que queden vacantes se cubran".

El Justicia ha recalcado que el área de Educación ha sido la que más sugerencias ha aceptado de la Administración, 49 sobre un total de 64, el 77 por ciento. Las quejas rechazadas han sido sobre mejora de infraestructuras educativas y las dirigidas a ayuntamientos para que colaboraran con las becas de comedor.

Empleo público

El área de Empleo Público ha incrementado el número de quejas el 33 por ciento, pasando de 162 a 216, debidas a la disminución de procedimientos de acceso al empleo público de ámbito autonómico, a la selección de personal temporal en entidades locales dentro de los planes de fomento del empleo de las diputaciones provinciales y la falta de convocatorias de los procesos de movilidad del personal del Servicio Aragonés de Salud.

García Vicente ha enfatizado que el área con mayor porcentaje de quejas rechazadas ha sido Empleo Público, un 29%, lo que equivale a 10 sugerencias sobre un total de 34 y ha lamentado el elevado número de personal interino y en comisión de servicios, el 40%, circunstancia que genera "inseguridad jurídica" y falta de estabilidad personal.

Además, incide en "la falta de control" a la Administración porque un "secretario o interventor interino no puede controlar bien a su alcalde", ha puesto como ejemplo.

Por lo que se refiere a Trabajo, ha habido un aumento del 26% de las quejas —de 69 a 87— ante las dificultades de acceso al mercado laboral, las consecuencias de la falta de empleo y cuestiones relacionadas con el cobro del subsidio de desempleo.

En Economía y Hacienda se han registrado un 12% más de quejas, pasando de 202 a 228, muchas de ellas sobre los procedimientos de gestión y recaudación de cuotas de impuestos, tasas, precios públicos y contribuciones especiales, así como por el embargo de cuentas corrientes sin respetar el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional.

El Justicia también ha indicado que el área de Urbanismo ha sido de la que más sugerencias se han archivado sin que se haya producido la obligatoria respuesta de la Administración, 10, sobre un total de 44, lo que equivale al 23%.