La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, que dirige las diligencias relacionadas con el intento de entrada en grupo en territorio español que el pasado 6 de febrero protagonizaron cientos de subsaharianos y que terminó con al menos 15 muertos, ha acordado pedir una Comisión Rogatoria a Marruecos para conocer oficialmente si en el país vecino se ha incoado algún procedimiento judicial por los mismos sucesos y para acceder a las autopsias practicadas a los 10 cadáveres que fueron recuperados en territorio del Reino alauita.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, la magistrada también va a instar al Ministerio del Interior a que le facilite los protocolos que regulan o amparan las denominadas 'devoluciones en caliente' de inmigrantes que logran acceder a territorio español y son expulsados inmediatamente a Marruecos, como se hizo con 23 personas, según el ministro Jorge Fernández Díaz, la mañana de autos.

La juez también reclamará los protocolos de uso de material antidisturbios para contener a los indocumentados en situaciones como la registrada en el espigón marítimo fronterizo sur de la ciudad autónoma.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta estaba de guardia el 8 de febrero, cuando fue localizado en aguas jurisdiccionales españolas el primer cuerpo sin vida tras los sucesos que habían tenido lugar 48 horas antes.

Durante la semana siguiente la Benemérita ceutí recuperó otros cuatro cadáveres, uno de ellos con lesiones sobre las que la Justicia ha solicitado un análisis más a fondo en el Instituto de Toxicología de Sevilla para determinar su origen (pelotas de goma, piedras*) y si se produjeron antes o después de la muerte, atribuida en todos los casos a asfixia por inmersión.

Hasta la fecha el Juzgado no ha solicitado ninguna testifical. Sí ha requerido una ampliación de los atestados originales presentados por el Instituto Armado por los daños sufridos en una garita el mismo 6 de febrero y sobre las circunstancias de las muertes de los fallecidos, así como las grabaciones íntegras de las cámaras de seguridad oficiales que habían captado imágenes relacionadas con los hechos.

Tras ser negada su existencia en reiteradas ocasiones por distintos representantes oficiales, la Guardia Civil las entregó en sede judicial el 20 de febrero a primera hora de la tarde y al día siguiente las divulgó en la página web del Ministerio del Interior.