El Gobierno vasco ha iniciado la tramitación de una orden para regular y restringir el uso del cigarrillo electrónico, por lo que establecerá medidas para "disuadir" de su uso en centros sanitarios y docentes, así como en dependencias de la Administración o en transportes públicos.

El texto del Departamento de Salud explica que aunque la promoción de este artículo lo presenta como un sustitutivo del tabaco o incluso como dispositivo que puede ayudar a abandonar el hábito de fumar, "a día de hoy no se ha demostrado su eficacia en este sentido, ni se ha podido determinar de modo concluyente su carácter inocuo".

En este sentido, alerta de que "no hay evidencia científica sobre el impacto en la salud de las personas usuarias directas y de otras personas del entorno".

De hecho, el Gobierno autonómico indica que para determinar la seguridad, la eficacia y los posibles efectos secundarios de este dispositivo, "es preciso contar con más estudios e investigaciones". Asimismo, asegura que "no es del todo descartable que su uso en lugares públicos puede comprometer el proceso de normalización que se ha conseguido tras la regulación del tabaco por la normativa vigente". Dicha normativa, precisamente, será tomada como referencia a la hora de establecer las condiciones de uso del cigarrillo electrónico.

OMS

La Organización Mundial de la Salud recomendó en julio de 2013 no utilizar estos artículos y los "desaconseja hasta que no haya datos que demuestren que es un producto seguro, eficaz y de calidad aceptable, y que esto esté certificado por un organismo regulador nacional competente".

El Parlamento Europeo, por su parte, elaboró el 8 de octubre de 2013 una propuesta que reclama la realización de estudios sanitarios que evalúen estos dispositivos antes de catalogarlos, y se prevé que en este 2014 se apruebe la correspondiente Directiva Europea que constituirá la legislación general y estándar que cada estado miembro deberá tener en cuenta para realizar su propia regulación.

La orden que prepara el Departamento de Salud tiene el objetivo de regular y restringir el uso del cigarrillo electrónico, por lo que establecerá medidas para "disuadir" de su uso en centros sanitarios y docentes, así como en dependencias de la Administración o en transportes públicos.