Un 25% de las más de 300 granjas de porcino de Lleida que eliminaban sus excedentes de purines en las plantas de tratamiento con cogeneración que han cerrado por la rebaja de las retribuciones energéticas están empezando a verter los excrementos del ganado en fincas agrícolas.

Así lo ha explicado este martes el portavoz de de la organización agraria Jarc, Jaume Bernis, tras la reunión que junto a otras organizaciones del sector ha mantenido con la subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso, para pedirle que gestione un encuentro del sector con altos cargos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

"Es una situación grave, es un problema medioambiental en el que el propio Gobierno nos ha metido a los ganaderos", ha señalado Bernis.

El portavoz de Jarc ha coincidido con Unió de Pagesos y Asaja en que el problema no lo han generado los ganaderos y son ellos los que ahora quedarán "fuera de la ley medioambiental europea".

El real decreto reduce las retribuciones de las plantas de cogeneración con carácter retroactivo por lo que las 29 instalaciones de este tipo de España ya han cerrado —de ellas, seis están en Catalunya, cuatro en Lleida—.

Por su parte, Rosend Santiveri, de Unió de Pagesos ha avanzado que el sector prepara movilizaciones a mediados de marzo en Madrid, aunque todavía no ha decidido si será ante el Ministerio de Industria o el de Agricultura.

El encuentro con la subdelegada, la víspera del fin del plazo para presentar alegaciones a la orden ministerial que desarrolla el acuerdo de reforma eléctrica, ha coincidido con un encuentro en Madrid entre responsables Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines y altos cargos del Ministerio de Industria.

Manso ha considerado lógico que el sector presione con reuniones como la que han mantenido con ella.

"Si se hacen con educación son positivas para todos", ha señalado Manso que ha precisado que tras el período de alegaciones la normativa ha de pasar por la comisión nacional de la energía que tiene potestad para rechazarla.

En la reunión de este martes, Manso y el sector han acordado intercambiar información cada semana.

Mientras se agota el tiempo para presentar alegaciones, organizaciones agrarias, ganaderos particulares y familias han empezado a presentar alegaciones al real decreto, sólo en Alcarràs (Lleida) la cifra supera las 700, según Bernis.

Los Ayuntamientos también debaten en sus plenos mociones contrarias a la propuesta del Ministerio de Industria, similares a la moción que aprobó la Diputación de Lleida el pasado viernes.

El primer punto de la moción de la Diputación moción, que recoge el rechazo a las medidas del Estado no contó con el apoyo del PP, que en cambio sí votó a favor el resto de los puntos, entre ellos el que plantea modificar los parámetros retribuidos de las plantas de cogeneración de tratamiento se purines.