El Gobierno andaluz ha decidido en su reunión de este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que fue aprobada en diciembre de 2013, al tiempo ha demandado al Gobierno central una reunión para plantearle una moratoria o paralización de la norma mientras que el Alto Tribunal se pronuncia al respecto.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha informado sobre esta decisión y ha explicado que el Gobierno andaluz pretende con este recurso "plantar cara" a una norma con la que el Ejecutivo nacional busca "más tutelaje, menos democracia y menos participación, e intentar anular las competencias exclusivas sobre régimen local recogidas en el Estatuto de Autonomía".

Asimismo, el vicepresidente de la Junta ha cifrado en 600 millones de euros el impacto que la citada norma provocaría en las arcas de la administración andaluza, produciendo un "desajuste financiero preocupante".