El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha rechazado este lunes la creación de una comisión de investigación sobre las adjudicaciones del área de alumbrado público, una propuesta de urgencia del Grupo PSOE tras conocerse que el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz investiga, a instancias de la Fiscalía, algunas adjudicaciones del Consistorio gaditano.

Esta propuesta ha sido rechazada como otras diez, todas de la oposición, de las 13 presentadas al Pleno, recogidas en los 16 puntos del orden del día. Así, se han aprobado las propuestas correspondientes a los puntos tres, cuatro y cinco, en las que se insta a la Junta "al mantenimiento del actual horario, recursos humanos y materiales que existen en el Servicio del Dispositivo de Cuidados Críticos y urgencias; a conceder de manera definitiva las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda a partir del curso 2014/2015; y a que apruebe un nuevo Decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social de Andalucía".

Las propuestas recogidas desde el punto sexto hasta el décimo sexto han sido rechazadas, a excepción de la correspondiente al punto 15 que ha sido retirada por el Grupo IULV-CA, ya que se encontraba incluida de alguna manera en la propuesta del punto tres. Entre las diez propuestas rechazadas se encuentra una del PSOE en la que se insta al equipo de Gobierno "a publicar el procedimiento por el que se conceden las Ayudas de Emergencia Social para el pago de alquiler de viviendas y establecer un registro público de viviendas disponibles para su alquiler".

Entre otras propuestas del Grupo PSOE se encontraban las referentes a "la creación del nuevo barrio verde de la ciudad, situado en el espacio conocido como Salina de la Dolores en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz" o a la aprobación "de medidas de empleo que beneficien a las mujeres" y la promoción de políticas en este sentido, así como en la prevención de la violencia de género.

De las presentadas por el Grupo IULV-CA destaca la que exige al Gobierno "la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar, así como la modificación del impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio de gas y electricidad a nivel doméstico".