El Ayuntamiento de Avilés formalizará este viernes en el pleno posicionarse contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local junto a otros consistorios españoles. El asunto ha sido visto este lunes en la comisión de Hacienda y en el mismo IU ha mostrado su apoyo al gobierno local, el PP se ha posicionado en contra y Foro Asturias se ha abstenido, con lo que la unión de las dos formaciones de izquierdas permitiría saliera adelante.

El próximo viernes finaliza el plazo para formalizar el conflicto de competencias que precisa de un informe, no vinculante, del consejo de estado y que después verá el Tribunal Constitucional. La alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, ha explicado a los periodistas que confía en que el trámite se resuelva en este mismo año.

Varela ha afirmado que esta ley es "el mayor retroceso que se pudo dar" y que en ella no se refleja el consenso que se ha buscado en los últimos meses con los ayuntamientos mientras se elaboraba. Considera que "es una de las leyes que más va a cambiar la vida de la gente y ha pasado sin pena ni gloria".

La alcaldesa de Avilés ha apuntado que la normativa supone "un retroceso" y que "rechazamos ser una administración subordinada a otra administración", en este caso la autonómica que sería la encargada de decidir si delega o no determinadas competencias a los ayuntamientos. Esto afectaría a asuntos tales como políticas de empleo, servicios sociales, juventud, consumo o educación.

Varela ha argumentado que "no veo el ahorro" que busca el gobierno nacional con la aplicación de esta ley, sino que "se va a crujir los servicios de los ciudadanos". Ha asegurado que con esta iniciativa se espera abarcar la representatividad de más de 15 millones de habitantes.

La iniciativa para retirar la ley, que es a nivel nacional pero cuenta con la implicación de los ayuntamientos contrarios a la nueva normativa ya en vigor, tendrá un coste de unos 600 euros para las arcas avilesinas según ha indicado Varela.