La asociación Ecologistas en Acción ha expuesto que pedirá a la Comisión Europea (CE) una labor evaluatoria tras el hecho "bochornoso" y "aberrante" que, a su juicio, ha supuesto la proposición no de ley a favor del silvestrismo —modalidad deportiva consistente en la educación del canto de pardillos, jilgueros y verderones, en función de unos cánones preestablecidos, con el objeto de poder participar dichos pájaros en pruebas deportivas de carácter oficial, en las que se evalúa la calidad del cante de acuerdo con unas reglas de competición— que, a propuesta del Grupo Socialista, fue aprobada en diciembre pasado en el Parlamento andaluz con el apoyo de PSOE y PP, partidos a los que el colectivo conservacionista ve "plegados a los intereses de los cazadores".

Esta reacción se produce después de que centenares de cazadores participaran la pasada semana en una concentración convocada ante la sede de IULV-CA, en Sevilla capital, para exigir apoyo a esta modalidad —la federación de izquierdas no dio su respaldo en la Cámara autonómica— y tratar de evitar su prohibición, según expuso a Europa Press el presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), José María Mancheño, que dio cuenta asimismo de la presentación de un total de 159.311 firmas a favor de esta práctica.

Precisamente, la consejera del ramo, María Jesús Serrano, ha trasladado a los responsables de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE) la necesidad de arbitrar, desde el marco de la Unión Europea, todas las medidas necesarias para mantener la práctica del silvestrismo en Andalucía.

Frente a todo ello, Ecologistas, en una nota, ha asegurado que contactará con la CE para que evalúe si se están dando los pasos de adaptación a las condiciones de cría en cautividad cuyo plazo finaliza en 2016. En caso de no ser así, "solicitaremos el adelanto de esa fecha y la inmediata prohibición del silvestrismo en Andalucía, algo que por cierto ya contempla la normativa en Cataluña y que prepara en estos momento Castilla y León, entre otras administraciones más responsables con este asunto".

Y es que la asociación critica que se pretenda "presionar" a la Unión Europea (UE) para que deje de considerar esta práctica cinegética como ilegal, entendiendo que, "una vez más, la clase política queda retratada con el lamentable espectáculo que ofrecen de 'bajada de pantalones' ante las insaciables demandas del colectivo de cazadores, en el que ven una fuente de votos e ingresos asegurada".

"En esta ocasión, se llega al esperpento de defender las demandas de los conocidos como silvestristas", critican los ecologistas, para añadir que "la inmensa mayoría de la población andaluza, millones de personas sensibles a la presión a la que se ve sometida la biodiversidad en su conjunto, tomará buena nota de este tipo de conductas y alianzas en materia ambiental de cara a futuras elecciones".

Por otro lado, sostienen que, con esta iniciativa ante la Unión Europea, "los responsables institucionales están abocados al bochorno y ridículo al que nos tienen acostumbrados al representarnos en Bruselas", ya que la actividad silvestrista está prohibida con carácter general en la UE como bien conocen.

Furtivismo y muertes accidentales de aves

Mantiene Ecologistas en Acción que "nadie" se opone a que alguien se dedique a criar y organizar concursos de cantos de aves, "como intencionadamente quieren hacer creer políticos y cazadores", si bien "lo que no es legal es cazar aves que no son cinegéticas, meterlas en jaulas de por vida y privar a la mayoría de los beneficios que aportan en el medio natural cuando perfectamente podrían criarlas y comercializarlas como se crían otras mascotas".

"El silvestrismo, además, encierra una lacra constante en su historial, y es la del furtivismo para consumo de 'pajaritos fritos' o las muertes de aves por accidentes en las redes, por la manipulación o el propio enjaulamiento de aves nacidas en libertad", añaden.

Ecologistas en Acción solicitará próximamente el número de jornadas y silvestristas ocupados en este tipo de caza durante los pasados años, así como el número de controles efectuados por los agentes de medio ambiente, al objeto de dilucidar las "condiciones estrictamente controladas" que deben regir según lo dispuesto en la ley nacional y comunitaria.