El PSOE en el Ayuntamiento de la capital malagueña volverá a presentar una moción en el pleno instando a la Corporación a que muestre su rechazo a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En esta sesión de febrero propondrá, incluso, al equipo de gobierno del PP, que Málaga se sume al recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que "van a presentar muchos consistorios españoles convencidos de la inconstitucionalidad de la norma".

También pedirá que se evalúe cómo la reforma de la Administración local afectará a los servicios y competencias que presta la ciudad de Málaga para conocer el impacto de su aplicación sobre la ciudadanía, así como sobre los recursos humanos y económicos municipales, estableciendo, además, los periodos transitorios previstos para la adaptación al nuevo marco normativo.

Más aún, los socialistas exigirán al equipo de gobierno que los resultados de ese análisis sean presentados en sesión plenaria y que tengan la difusión oportuna a través de todos los canales municipales, según ha informado la portavoz socialista, María Gámez.

A su juicio, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local provocará "unos efectos negativos sobre la ciudadanía, las competencias municipales y el papel que juegan los municipios en la organización democrática de España".

Gámez ha recordado que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios y, para ello, señala que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones.

Ante esto, ha criticado que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local suponga "un ataque directo a las competencias municipales y al trabajo que los ayuntamientos hacen cada día con los ciudadanos, usando como excusa un reparto competencial que en realidad es solo una forma de enmascarar la supresión de servicios a los ciudadanos".

"Esta ley pretende la privatización sistemática de los servicios públicos municipales, muchos de los cuales desaparecerán, especialmente los de proximidad como los sociales, de atención a la mujer o de lucha contra la violencia de género, y también las políticas culturales o de desarrollo o creación de empleo, sobre todo en los municipios de menos de 20.000 habitantes o en los más grandes con problemas financieros", ha indicado a Europa Press Gámez.

"recorte de derechos sociales"

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supondrá, según la portavoz municipal del PSOE, "un recorte de derechos sociales, perjudicará a los más vulnerables y creará municipios de primera y de segunda y, por tanto, ciudadanos de primera y de segunda".

Para Gámez, "los mensajes machacones de una administración, una competencia, el ahorro derivado de las economías de escala en el gasto en los servicios públicos, son solo excusas para esconder el propósito de quitar no únicamente poder, sino hasta la autoridad a los responsables públicos locales e ir desmantelando el Estado Social de Derecho recogido en la Constitución y que con tanto esfuerzo se ha ido construyendo en España".