IGAE cuestiona la vigilancia contratada por el Puerto y la tacha de "gestión ineficiente"

La Intervención del Estado, en el apartado de 'Contratos menores' de su informe remitido al juez, alerta de un par de "deficiencias" en relación con el servicio de vigilancia sin arma, contratado por 22.700 euros, bajo el epígrafe 'Preparación y acondicionamiento de instalaciones industriales de la obra de adecuación de las parcelas Bunge Moyresa para nuevas concesiones', según la información a la que ha tenido acceso Europa Press.
Dársena Del Puerto De Valencia
Dársena Del Puerto De Valencia
EUROPA PRESS

La Intervención General del Estado (IGAE) cuestiona en su último informe remitido al juez instructor de la causa del Puerto de Valencia un contrato de servicios de vigilancia sin arma que firmó este organismo con una empresa de seguridad, ya que sostiene que "supone una gestión ineficiente de los fondos públicos". Por su parte, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), en sus alegaciones a este informe, justifica esta contratación en el aumento de la "actividad delictiva".

Así se desprende del informe de la Intervención y de las alegaciones presentadas recientemente por la APV al juzgado de Instrucción número 14 de Valencia que mantiene abierta una causa por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la que están denunciados el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, otros dos altos cargos y un trabajador de la entidad.

La Intervención del Estado, en el apartado de 'Contratos menores' de su informe remitido al juez, alerta de un par de "deficiencias" en relación con el servicio de vigilancia sin arma, contratado por 22.700 euros, bajo el epígrafe 'Preparación y acondicionamiento de instalaciones industriales de la obra de adecuación de las parcelas Bunge Moyresa para nuevas concesiones', según la información a la que ha tenido acceso Europa Press.

Al respecto, la Intervención advierte de que el título de este contrato "no guarda relación con el servicio de seguridad que se presta", y que "en ningún caso puede ser considerado una inversión", puntualiza. Por otro lado, matiza que este servicio de seguridad sobre terrenos de dominio público portuario "debe ser prestado por el Cuerpo de Policía del Puerto, lo que supone una gestión ineficiente de los fondos públicos", expone en su informe.

Frente a estas advertencias, la APV realiza varias alegaciones —también enviadas al juez— para justificar el contrato de este servicio. Así, respecto a las parcelas Bunge-Moyresa —sobre las que se sacó a concurso la demolición de todas las instalaciones—, expone que desde que se rescató la concesión de las mismas, "se sucedieron multitud de incidentes como consecuencia de la continua invasión de personas que accedían a dicha instalación, violentándola, con el fin de sustraer cualquier material susceptible de ser vendido".

Ello —añade la APV— también dio lugar a quejas de la vecindad de Nazaret, "que ha ido sufriendo la presencia de intrusos a cualquier hora del día, que se han hurtado cableados e instalaciones que han provocado cortes eléctricos en la barriada, tuberías de agua potable y contadores en servicio que han sido sustraídos y que han afectado a la red de suministro general de agua, electricidad y telefonía".

Junto a ello, las patrullas de la Policía Portuaria "eran repelidas por los intrusos con apedreamientos sin que cupiera otra acción que llamar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ya que ésta no puede detener, identificar, ni utilizar la violencia.

Ante toda esta situación, y el hecho de que la misma estaba "alterando" el objeto del concurso de adjudicación de la demolición de instalaciones, la APV decidió contratar, "utilizando la modalidad concursal correspondiente", un servicio de seguridad por vigilantes privados que "resolvió de modo definitivo todos los problemas de delincuencia".

"no es cierto",

Dice apv

Por otro lado, en relación con la indicación de la Intervención del Estado de que el servicio de seguridad debe prestarlo la Policía Portuaria, la APV defiende que "no es cierto" que estos servicios deban ser prestados por esta autoridad y, de hecho, pone el ejemplo de que se realizan "multitud de contrataciones en vigilancia y seguridad de las obras a servicios privados donde no interviene la Policía Portuaria".

"La Policía Portuaria —agrega— desarrolla sus competencias de acuerdo con la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y sustancialmente se corresponden con aquellas competencias que la Ley atribuye al Consejo de Administración y que vienen detalladas en el Convenio Colectivo. No estando incluidas, entre éstas, las de Seguridad Ciudadana, que solo corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Sobre la "gestión ineficiente", el Puerto defiende que esta afirmación es "un tanto sorprendente" puesto que "da a entender que la vigilancia privada supone gasto de fondos públicos, mientras que el uso de la Policía Portuaria no supone gasto de fondos públicos".

Y añade: "sabemos que el coste de la vigilancia privada en el caso que nos ocupa es de 22.700 euros por un periodo de dos meses, en una prestación de un puesto de 24 horas. Dicha prestación, realizada por un agente de la Policía Portuaria, teniendo en cuenta las condiciones laborales determinadas en el convenio colectivo de aplicación y para una prestación de un puesto de 24 horas, tiene un coste empresa mínimo de 30.258,30 euros —sin incluir absentismos— para el periodo de dos meses".

Gastos de viaje y locomoción

La Intervención del Estado también hace una observación respecto a los Gastos de Viaje y Locomoción, y señala que los gastos por alojamiento "difieren de los límites contemplados en el Real Decreto 462/2002".

Al respecto, la APV responde que el organismo ha adoptado las normas internas en materia de gastos de viajes a la Instrucción número 28 de la Subsecretaría de Fomento, de fecha 31 de julio de 2012, y con arreglo a ello "se aplica a los gastos de manutención el R.D. 462/2002".

Y con respecto a los gastos de alojamiento, de acuerdo con la mencionada instrucción, expone que "se han mantenido las cantidades aprobadas por el Consejo de Administración de la APV". De esta forma, "solo se abonan por alojamiento, tanto nacional como extranjero, los gastos efectivamente realizados, justificados con la correspondiente factura, y que en ningún caso pueden superar las cantidades máximas autorizadas".

En relación a los gastos por la embarcación Valenciaport, la Intervención del Estado indica que su mantenimiento "se aparta de los criterios de austeridad", y la APV señala que sigue estudiando fórmulas de ahorro. No obstante, puntualiza que en la misma "se lleva a cabo una importante labor comercial e institucional". "Su utilización —añade— se destina estrictamente a dar a conocer y visitar las instalaciones, labor que se realiza de forma habitual y similar en otros recintos portuarios, tanto españoles como internacionales".

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