La Asociación de extrabajadores de Delphi ha formalizado, por la vía contencioso-administrativa, una reclamación ante la "inactividad" de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en su obligación de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los 16 protocolos de gestión que fueron desarrollados de conformidad al protocolo de colaboración suscrito el 4 de julio de 2007 entre los sindicatos CCOO, UGT, CGT y USO y la Junta, de adopción de medidas sociolaborales, complementarias y de reposición de prestaciones para los trabajadores pertenecientes al colectivo Delphi, así como la gestión de los activos cedidos por Delphi.

Según han indicado a Europa Press fuentes de la citada asociación, ésta aglutina a unos 400 extrabajadores, lo que supone en torno al 80 por ciento de los afectados. Se trata de una asociación "totalmente independiente de los sindicatos", lo que demuestra "la inseguridad y la desconfianza que genera cómo se está llevando a cabo este asunto y la pasividad de las partes inmersas".

Señalan que UGT y USO han presentado un requerimiento de demanda, mientras que los otros dos sindicatos que se sientan en la mesa de negociación —CCOO y CGT— no lo han planteado porque entienden que hay "pocas posibilidades". Toman la iniciativa porque "temen" que si la demanda de UGT y USO prospera sólo beneficie a sus afiliados, y también en previsión de que dichos sindicatos puedan llegar a un acuerdo con la Administración y la acaben retirando.

Su objetivo es "llegar hasta el final" y comprobar "si lo que se firmó son promesas políticas, como argumenta la Administración, o si, por contra, tienen vinculación real". Además, advierten que, en caso de que se formalice la demanda y haya una sentencia desfavorable, "tomaremos las acciones correspondientes contra quienes firmaron papel mojado y han condicionado nuestro futuro laboral, propiciando que hayamos llegado a la situación en la que nos encontramos".

Insisten en que quieren llegar hasta las últimas consecuencias y están dispuestos a iniciar "todo proceso en el que entendamos que se ha cometido algún tipo de negligencia". En este sentido, explican que su gabinete jurídico está estudiando presentarse como parte en el 'caso ERE' y el 'caso Bahía Competitiva' "como perjudicados" porque "se ha perdido dinero, que mucho era destinado a los extrabajadores de Delphi"

El requerimiento

En el citado requerimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación expone que "el protocolo de colaboración, que a priori pudiera entenderse como un documento que sólo ampara compromisos políticos y buenas intenciones, carente en principio de efectos jurídicos y, por ende, incapaz de generar obligaciones jurídicas y jurídicos derechos, comienza a desplegar su eficacia jurídica en los posteriores documentos de desarrollo, desplegando obligaciones y derechos concretos a una pluralidad determinada y específica de individuos".

El documento analiza los distintos desarrollos del protocolo, con los compromisos y obligaciones que conllevaban —plan de formación, reposición de prestaciones, sistema de prejubilaciones, planes personales de inserción (PPI), ayudas a empresas por contratación indefinida de extrabajadores de Delphi, etcétera—.

Destaca, asimismo, que la adhesión al programa de reinserción laboral implica el compromiso personal e individualizado de cada uno de los extrabajadores de Delphi de aceptar sus condiciones, así como los derechos y obligaciones recogidos en el conjunto de los acuerdos. En este sentido, significa que, "en todo caso, la finalización del programa será objeto de acuerdo entre las partes".

Así, la "imposición" de la Junta de darlo por finalizado "en ausencia de cualquier tipo de acuerdo o consenso entre las partes, ha dado lugar a un tratamiento discriminatorio en el seno del colectivo de extrabajadores de Delphi".

En relación a las subvenciones en el marco de este plan, aluden a la "falta de rigor, ausencia de control y confusión jurídica de los documentos que plasmaron los negocios jurídicos contraídos entre la Administración y los representantes sindicales para la recolocación, ayudas y medidas sociales de los ex de Delphi".

Obligación de recolocación

Recoge el requerimiento que el objetivo final de estos acuerdos era la recolocación de los extrabajadores de Delphi, "compromiso que pudo ser articulado a través del Plan Competitivo de la Bahía de Cádiz, en parte financiado por Europa y el Gobierno central, para la incorporación de los ex de Delphi, que además habían sido formados específicamente para su integración a las empresas que se incluirían a dicho plan".

Entre otras cuantías, el documento hace alusión a los 10,5 millones aprobados en 2008 por la Comisión Europea del Fondo de Adaptación a la Globalización para acciones orientadas a reinsertar a los ex de Delphi, los 47,5 millones que Andalucía recibió del Gobierno para un Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz, que incluía el cierre de Delphi, o los 18 millones de euros que se incluían en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 para dicho Plan de Empleo de la Bahía.

Señala que a dichas cuantías, se unen "las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía, en cuantía de cuatro millones de euros, a las empresas que adquirieron el compromiso de recolocar a los exempleados de Delphi, concretamente a las empresas Gralett, SK 10 Desarrollo y Tecnología, SK 10 Composite Aeroespacial, Gadir Solar, Pro Electrónica Sur y Vorsevi".

Apunta que "la mayoría de estas empresas no llegaron a cumplir los compromisos de contratación adquiridos con la Consejería de Empleo para otorgar las subvenciones", por lo que entienden que se deberá proceder a exigir el cumplimiento de la actuación exigida para la concesión de la subvención o incoar el oportuno procedimiento de reintegro para su posterior adjudicación al Plan de Medidas Sociales de los extrabajadores de Delphi, aún vigentes".

Asimismo, solicita a la Junta que rehabilite el plazo de solicitud del PPI, adopte medidas para la ejecución total de los cursos de formación en su día subvencionados y que "no han llegado a ser impartidos".

Entre otras cuestiones, también reclama que, "una vez adquiridos los terrenos de Delphi en los términos acordados en el protocolo", se proceda a su puesta en funcionamiento, "con ejecución de las políticas y subvenciones del Plan Bahía Competitiva", y a la recolocación de los extrabajadores de Delphi, "dada la previsión expresa en los protocolos de la cesión de las naves en su actual estado a la Junta de Andalucía".