El PRC opina que el Estado demoró el recurso contra la Ley Antifracking para aprobar la modificación de la Ley de Hidrocarburos y "reforzar" así su motivación.

Así lo ha asegurado este sábado en un comunicado el vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, quien ha afirmado que el recurso remitido esta semana al Parlamento demuestra que la decisión de recurrir "estaba tomada cuando se aprobó la norma" y que la negociación con el Gobierno regional (PP) fue "una estratagema para ganar tiempo".

De la Sierra ha opinado que hubo por parte del Gobierno de España una "falsa negociación" hasta que se aprobó la modificación de la Ley de Hidrocarburos, que incluye a la fractura hidráulica entre las técnicas habituales de la industria extractiva, y en consecuencia "refuerza" —dice el PRC— la argumentación jurídica del Estado contra la norma aprobada por el Parlamento cántabro.

PRC:

"o diego ha engañado" o "le han engañado" como un "principiante"

Ha señalado que el recurso remitido al Parlamento desvela la existencia de documentos que demuestran que la decisión de recurrir "estaba tomada desde el mismo momento en que el Parlamento aprobó la ley", el pasado 15 de abril.

"O Diego ha engañado a todos los cántabros, colaborando en la maniobra del Gobierno de España, o le han engañado a él, como a un auténtico principiante", ha opinado el regionalista.

Según ha detallado el portavoz regionalista, el 19 de abril de 2013, sólo cuatro días después de la aprobación de la ley e incluso antes de su publicación, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emitió un informe en el que señalaba que la norma de Cantabria podía ser inconstitucional.

Y diez días después, según el PRC, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria determinó que suponía una extralimitación competencial.

"Estos informes emitidos con tanta urgencia indican sin duda la intención del Gobierno de oponerse a la ley", ha opinado el portavoz del grupo parlamentario regionalista.

Sin embargo, ha recordado que el Estado no presentó en un primer momento el recurso de inconstitucionalidad y, cuando estaba a punto de finalizar el plazo legal de tres meses para hacerlo, el 12 de julio, "con la conformidad" del Gobierno de Cantabria, consiguió un acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma sobre "unas supuestas negociaciones", que le permitieron, de acuerdo con la Ley del Tribunal Constitucional, ampliar a nueve meses el plazo para recurrir.

De la Sierra ha apuntado que ese acuerdo de negociaciones "no se conoció" en Cantabria hasta septiembre, momento en el que —dice el regionalista— Diego "alteró la verdad" e informó de la constitución de una comisión bilateral para negociar con el Estado.

"Aquel anuncio estuvo repleto de falsedades porque la Comisión no se constituyó para eso, ya que es permanente; el acuerdo se había tomado tres meses antes y no había ninguna intención de negociar, porque el Gobierno español tenía decidida la presentación del recurso desde abril", ha subrayado.

El objetivo real de esta "maniobra" era, según ha insistido De la Sierra, permitir la aprobación de una modificación de la Ley de Hidrocarburos, en la que se reconoce el carácter básico del fracking entre las técnicas habituales de la industria extractiva, que fue apoyada en las Cortes por los diputados y los senadores del PP de Cantabria.

"Esa modificación es ahora uno de los principales motivos en los que se apoya el recurso del Estado", ha apuntado De la Sierra, quien, a la vista de todo este proceso, ha reafirmado sus "recelos" sobre la "auténtica posición" del Ejecutivo cántabro respecto a la fractura hidráulica.

Según ha dicho, en el PRC hay "recelos" sobre la posición del Gobierno regional porque los regionalistas "no están seguros" de que "en los momentos realmente importantes" la postura de este Gobierno y la de los representantes de la comunidad autónoma en las Cortes Generales "no sea la sumisión".

Con el fin de evitar que así ocurra, De la Sierra ha ofrecido al presidente Diego el "apoyo firme" del PRC para dar "los auténticos pasos necesarios" contra la práctica del fracking en Cantabria, que pasan por la retirada del recurso de inconstitucionalidad, la solicitud de nulidad de todos los permisos concedidos y una "actuación decidida" frente a todos los actos de desarrollo de los mismos.

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