La Intervención General del Estado advierte en su último informe remitido al juez instructor de la causa del Puerto de Valencia del posible fraccionamiento de un contrato; de una "gran concentración" del gasto informático en una sola entidad; y de la concentración de proveedores en contratos de obras. Frente a ello, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) defiende en sus alegaciones la legalidad de los mismos y afirma, respecto al primer tema, que en ningún momento quería eludir un procedimiento concreto.

Así se desprende del informe de la Intervención y de las alegaciones presentadas recientemente por la APV al juzgado de Instrucción número 14 de Valencia que mantiene abierta una causa por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la que están denunciados el presidente de la APV, Rafael Aznar, otros dos altos cargos y un trabajador de la entidad.

En cuanto al primero de los apartados, el de posible fraccionamiento contractual, la Intervención del Estado hace referencia a los contratos 'Adaptación de los procesos de gestión de ANGELS a la orden FOM 1194/2011' y 'Adaptación de los procesos de valoración de las tasas del buque, de la mercancía y gestión de ANGELS a la orden FOM 1194/2011 Fase II', por importes de 41.840 euros y 41.920 euros respectivamente, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso Europa Press. Sobre los mismos, señala: "se detecta un posible fraccionamiento del objeto del contrato que tiene como consecuencia la elusión del procedimiento negociado".

Respecto a esta afirmación, la APV defiende en sus escritos que en el momento de la contratación se desconocía el alcance de la segunda fase dado que todavía no se disponían de los requisitos del departamento usuario. "En ocasiones es difícil —añade—, a veces prácticamente imposible, conciliar los plazos de implantación que exige una normativa gubernamental de obligado cumplimiento, con los plazos impuestos por la normativa de contratación, cuando los cambios a realizar no se pueden llevar a cabo con recursos humanos internos".

"sentido común"

Cuando así ocurre —agrega—, "se aplica el sentido común y se priorizan aquellas funcionalidades que desde el punto de vista operativo portuario tienen mayor relevancia, dejando el resto para una segunda o tercera fase". Estas son las circunstancias "que se dan en el presente caso", señala la APV, que puntualiza que "en ningún momento la actuación se encaminó a eludir un procedimiento concreto, sino a dar satisfacción en plazo a una norma legal de obligada aplicación a este organismo".

Por otro lado, sobre la "gran concentración" del gasto informático en una sola entidad, la Intervención indica que se observa este dato en una empresa que factura de 1 de enero de 2012 a 31 de julio de 2013 un total de 3.206.000 euros, el 61 por ciento del total del gasto informático de la APV en este periodo.

Sobre este tema, la Autoridad Portuaria señala que el montante del contrato de 'Mantenimiento de Aplicaciones y Sistemas', sea cual sea el adjudicatario, "siempre provocará una concentración del gasto informático en la empresa que resulte adjudicataria", puesto que como manifiesta el órgano fiscalizador, este contrato supone aproximadamente el 61 por ciento del gasto informático.

"podría contradecirse"

Así mismo, expone que la apreciación de la Intervención de una "gran concentración" podría contradecirse con lo que manifiesta en el mismo informe, cuando se alude a la "existencia de contrataciones de otros mantenimientos con los proveedores de determinadas aplicaciones, concluyéndose que el gasto informático es muy disperso, con gran dependencia de terceros, lo que dificulta el adecuado control de gastos".

Además, respecto a la concentración de proveedores en contratos de obras, la Intervención del Estado indica que cinco contratistas absorben el 68,42 por ciento de la contratación menor.

Sobre este aspecto, la APV alega que la concentración de contratos menores, reseñada individualmente para cada uno de los cinco adjudicatarios señalados por la Intervención, "no nos parece excesiva", dice. En cualquier caso, señala que para un total de 35 contratos menores realizados en el año 2012, "se invitaron a 51 empresas capacitadas diferentes, lo que garantiza un elevado nivel de diversidad y concurrencia".

Así mismo, puntualiza respecto a las adjudicaciones a estos contratistas que las mismas "se realizaron respetando escrupulosamente los procedimientos de contratación vigentes en ese momento y por resultar su oferta la más ventajosa económicamente en cada uno de los procedimientos".

"no a la fiscalía"

Esta misma semana, en la rueda de prensa tras el Consejo de Administración del Puerto, el presidente Rafael Aznar se refirió a este último informe de la Intervención del Estado, y señaló que es cierto que se hacen recomendaciones y observaciones, pero que "nunca han sido constitutivas de un informe especial a la Fiscalía".

Es decir, agregó, "nunca —estas advertencias— han sido constitutivas de delito". "Son recomendaciones que la APV analiza y luego presenta unas alegaciones y comentarios a los precomentarios de la Inspección".

"En algunas cosas —recomendaciones— hacemos mucho caso, y hay otro terreno en el que tenemos más autonomía de gestión para no ir exactamente a lo que propone la Inspección. Tenemos capacidad de gestión para hacer lo que pensamos ajustado a derecho", ha puntualizado.

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