En su última sesión de 2013, recordémoslo, el pleno de la Diputación provincial revocó, por unanimidad de todas sus fuerzas políticas, el acuerdo plenario previo que, merced a la Ley Estatal de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destinaba a la "amortización anticipada de deudas" los 39,3 millones de euros correspondientes al superávit de la liquidación del presupuesto de 2012.

El nuevo acuerdo, en paralelo, implica una adhesión a la disposición recientemente incorporada a la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el sector público, que estipula "reglas especiales" para el gasto del superávit presupuestario, al objeto de destinar a "inversiones financieramente sostenibles" los citados 39,3 millones de euros, extremo que debe ser consumado durante 2014.

El asunto del superávit

Pero no todo acabó ahí. Y es que al poco, el Gobierno provincial socialista señalaba que una enmienda del Grupo popular en las Cortes Generales reducía de 89 a 14 los supuestos susceptibles de ser considerados como "inversiones financieramente sostenibles", quedando excluidos de esta criba supuestos como los relacionados con los asuntos sociales, por ejemplo. Después de que dicha enmienda fuese finalmente retirada, el Gobierno provincial socialista anunciaba una negociación para que la institución protagonizase un pronunciamiento ante el Gobierno central del popular Mariano Rajoy.

Finalmente, y según han informado a Europa Press fuentes de la Diputación, dicha negociación ha prosperado y en el pleno ordinario de la semana que llega, la Diputación aprobará una declaración institucional con destino al Estado. Dicha declaración institucional, recogida por Europa Press, expone que los supuestos de inversión del superávit de 2012 han quedado "limitados a programas de inversión sostenible, como programas de abastecimiento de aguas, tratamiento de basuras, alumbrado público, investigación, etcétera. Es decir, competencias que en gran parte sólo la tienen los grandes núcleos de población".

El documento, en ese sentido, señala que el pasado 14 de febrero, en una reunión promovida por el presidente de la Diputación, "los alcaldes y alcaldesas de la provincia, de forma unánime, coincidieron en la necesidad de ampliar los supuestos y materias que el Gobierno de la Nación dictamina como objeto de inversión del superávit, ya que las contempladas actualmente dejan pocas opciones para atender las necesidades reales de nuestra provincia".

Ampliar los supuestos

Por eso, la declaración institucional insta al Ministerio de Hacienda a "flexibilizar las condiciones para invertir el superávit de la Diputación de Sevilla, y especialmente ampliando los programas presupuestarios que se correspondan con las competencias propias de los ayuntamientos, dando respuesta a las necesidades reales de los municipios de la provincia, y priorizando la creación de empleo".

Igualmente, el documento reclama "que se permita la transferencia a todos los ayuntamientos para la ejecución de los programas incluidos en el capítulo siete, independientemente de su situación económica y financiera" y que se amplíe el plazo para ejecutar las inversiones a cargo de ese superávit, dado que dicho plazo acaba el 31 de diciembre de este año.

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