Los plenos de los ayuntamientos de San Juan de Aznalfarache y Pilas han acordado impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local promovida por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy, la conocida como reforma loca.

En concreto, y como ya sucediese en el pleno del Ayuntamiento de Lebrija, gobernado por María José Fernández (PSOE), el pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida y el voto en contra del grupo popular, ha aprobado "la formalización de un conflicto en defensa de la autonomía local" contra la mencionada regulación, según el alcalde, el socialista Fernando Zamora.

El Ayuntamiento de Pilas, gobernado por el socialista Jesús María Sánchez, ha acordado también en su pleno, con los votos favorables de PSOE e IU y los votos en contra del Grupo del PP, iniciar la tramitación para la formalización de un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Hablamos de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local promovida por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy. Dicha normativa, entre otras cosas, está destinada a "evitar duplicidades de competencias" entre las administraciones, "racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas".

Así, y por ejemplo, esta nueva regulación impide "la participación o constitución de entidades instrumentales por las entidades locales cuando estén sujetas a un plan económico o un plan de ajuste" y "suprime monopolios municipales heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes", reservando al Estado "las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales".