El director de Análisis e Inversiones de Invercaria, Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, defendió en su declaración como imputado ante el juez que investiga las irregularidades en la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía que "nunca" consideró que "técnicamente" la inversión en Operadores Aéreos Andalus fuera una "operación temeraria", sino que entendía que el proyecto era "viable".

El imputado declaró este jueves por espacio de varias horas ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, y también aseguró que "no le consta" que el dinero de las inversiones de Invercaria —de 450.000 y 700.000 euros— "se hubiesen desviado" por parte de Andalus "a fines distintos de su objeto social", pues "ningún auditor le ha informado de ningún reparo al efecto".

Según el texto de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, Manuel Jesús Rodríguez relató que su departamento elaboró dos informes sobre las ayudas de 450.000 y 700.000 euros otorgadas a Andalus, señalando que esta segunda ayuda dada a través de un préstamo participativo se produjo después de que los promotores de Andalus la solicitaran "con cierta urgencia para poner en explotación nuevas rutas y aprovechar la temporada de verano lo más posible, así como para presentarse al concurso de la licitación pública de una línea que conectaba Almería y Sevilla".

Según dijo, los 700.000 euros del préstamo participativo de 15 de julio de 2009 fueron concedidos en base a una "decisión de contenido empresarial, en las cuales en algunos casos existen aciertos y en otros no; se hizo con la finalidad de relanzar la compañía", destinándose finalmente ese dinero "a la apertura de un centro en Almería, a la incorporación de una aeronave y a los gastos propios de las nuevas rutas en explotación".

El imputado señaló, en esta línea, que en el informe elaborado antes de dar la ayuda de 700.000 euros en julio de 2009, que fue realizado en sólo tres días y medio y que no fue auditado, "se informó que Andalus se encontraba en una situación financiera delicada", aunque "no de precierre ni inviable si era receptora de los recursos necesarios para poder seguir operando".

Reconoció, además, que "se informó" de que los fondos propios de la sociedad a fecha 30 de junio de 2009 "eran negativos por un importe ascendente a 1.783.471 euros", aunque según la legislación mercantil el patrimonio neto de Andalus, aunque seguía siendo negativo, era de menos 263.471 euros.

No consideraba "inviable" el proyecto

A pesar de que "la existencia de un fondo de maniobra negativo lógicamente le alertaba, de ahí a considerar inviable a esa fecha la aerolínea media una distancia, porque eran sus primeros seis meses de actividad, la facturación iba creciendo y de hecho a 30 de junio de 2009 facturó 2,9 millones y al cierre fue de ocho millones, por debajo de las previsiones pero creciendo".

De hecho, según añadió, "se llegó a firmar un contrato con un tour-operador alemán del que tenían cartas de intenciones cuando se hizo el análisis y que ocupaba el 70 por ciento de lo que se pretendía facturar por charter", pero el tour-operador "incumplió su contrato".

El imputado aseveró que, en esa fecha, "se desconocían problemas concretos de organización y funcionamiento interno de Andalus, de la tipología de personal no adecuado, de exceso de personal o de funcionamiento inadecuado en el trabajo de ese personal", aunque reconoció que "si hubiera tenido conocimiento de algunas de esas incidencias, inmediatamente lo hubiera puesto de manifiesto, ya que en todo caso cobra un sueldo fijo y no va en relación con el resultado próspero o adverso de las inversiones de Invercaria y no ganaría nada con ocultarlo".

Por último, dijo conocer otras aerolíneas "en las que las administraciones públicas han invertido grandes sumas y no han recuperado las cantidades invertidas, como por ejemplo Spanair, en donde la cuantía pública fue de 150.000.000 de euros y aerolíneas argentinas Sepi, con 2.100 millones de euros".

Un "quebranto" de 1,8

Millones para las arcas públicas

En la pieza separada relativa a Andalus han declarado esta semana como imputados ante el juez el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo —imputado también en las piezas separadas de FIVA y Fumapa— y los hermanos Pedro y Fernando Guerrero Ros, los cuales, según la Policía, fueron los principales promotores de la iniciativa Operadores Aéreos Andalus S.A..

En esta causa también está imputado el exconsejero de Cultura de la Junta José María Martín Delgado, que comparecerá ante el juez el próximo 12 de marzo, el mismo día que están citados dos testigos, entre ellos un auditor de cuentas.

En relación a Operadores Aéreos Andalus, el juez cifra en 1,8 millones el "quebranto" producido a las arcas públicas.