Los sindicatos han calificado de "decepcionante" la propuesta de la Junta de Castilla y León para abonar en abril la parte devengada de la paga extra en su totalidad a los funcionarios que cobren menos de 25.000 euros y un 25 por ciento a los que superen esta nómina y el resto en enero o febrero de 2015.

Aunque los sindicatos analizarán la propuesta dentro de su organización y con los trabajadores, inicialmente se han mostrado decepcionados y han reclamado que el abono de la parte devengada de la extra, correspondiente a 44 días, se haga efectivo en este ejercicio para todos.

En este contexto, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Castilla y León, Carlos López Inclán, ha mostrado la "decepción" tras la reunión con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ya que acudían al encuentro con la idea de firmar un acuerdo de devolución de la totalidad de esta paga, "compromiso" que asegura que se puso de manifiesto el 6 de febrero.

Sin embargo, considera que se vuelve otra vez a la "casilla de salida" con una propuesta diferente a la que se puso sobre la mesa al principio de la negociación, al "diferir" parte del pago.

López Inclán, en declaraciones as Europa Press, ha señalado que en un primer análisis, ya que la propuesta se analizará en el seno de la organización y con los trabajadores, se considera "leonina" y ha advertido del peligro de que provoque enfrentamientos entre los propios trabajadores, ya que algunos cobrarían la totalidad de lo que se les debe y otros sólo una cuarta parte en función de lo que cobren al año.

"Eso puede crear un ambiente malo dentro del conjunto de los empleados", ha señalado el responsable de CCOO, quien ha añadido que sin perjuicio de un análisis más profundo de la propuesta, el sindicato aboga por que se haga la devolución del cien por cien de la cuantía en este año, al igual que se pidió en un inicio y como dicen los tribunales.

López Inclán ha señalado que para variar esta postura se tendrían que dar dos condiciones, la primera de ellas que la propuesta fuera apoyada de la forma más amplia por los sindicatos, concretamente por al menos UGT, CSI-F y CCOO, y la segunda que al menos los empleados públicos vieran satisfechas "un mínimo" de sus pretensiones.

Interés "efectivo"

En una línea similar se ha expresado la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en la Comunidad, Carmen Amez, quien ha asegurado que están "decepcionados", tanto los sindicatos como los trabajadores públicos, con esta propuesta de la Junta.

La responsable de UGT, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que si hay interés de pagar lo que se debe a los funcionarios tiene que hacerse efectivo "en el transcurso de estos dos meses" y ha añadido que no le vale "intenciones" y que luego no se tomen medidas. "Obras son amores y no buenas razones", ha dicho Amez, quien ha insistido en que no se trata de tener un interés "verbal" sino "efectivo".

En esta línea, ha incidido en que el empleado público no sólo ha perdido "credibilidad", algo de lo que asegura que alguien se ha encargado, sino también "muchos recursos" y se le ha "hurtado" 44 días que la ley obliga a pagar.

Así, ha criticado que el Gobierno legisle "todos los días" y luego sea el primero en "saltarse la legalidad", ya que las leyes "no tienen carácter retroactivo" y ha aseverado que no se pide "una limosna" sino "lo que se les debe".

Además, considera que "no vale" el argumento del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de que no se ha presupuestado esta cuantía, ya que es así "porque no quiso" y espera que la idea no sea que ahora, "en campaña", se trate de dar una "propina".

Por ello, ha asegurado que la Junta "debe" arbitrar recursos para hacer efectivo el pago, ya que de lo contrario lo que se hace es "jugar" con el dinero de los empleados públicos y su trabajo, "una falta de respeto total", ya que ha afirmado que en Tesorería "hay dinero".

Propuesta "inasumible"

Por su parte, el secretario autonómico de CSI-F, Carlos Hernando Redondo, también ha expresado la "decepción" por la propuesta y ha coincidido en señalar que en la reunión anterior "prácticamente se dijo" que se iba a cobrar la parte devengada de la extra en este año.

A pesar de ello, ha señalado que estudiarán y analizarán la propuesta, ya que "siempre" negocian y no van a "tirar la toalla", pero inicialmente consideran la propuesta "inasumible" por parte del sindicato.

Hernando, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que a los trabajadores se les ha "hurtado" este dinero, que es algo "de ellos" y de lo que se trata es de ver cómo se les devuelve. Además, ha advertido de que para la Administración es un "ahorro", ya que de lo contrario tendrían que pagar las costas de las diferentes sentencias que daría la razón a los trabajadores.

Así, ha reiterado que la propuesta que mantienen es que "por lo menos" se abone la cuantía que se debe a los trabajadores públicos en 2014, que es el camino por el que ha afirmado que "dio a entender" la consejera de Hacienda.

Finalmente, la Federación de Sindicatos de Sanidad y Educación (FSES) que componen Satse y ANPE también han mostrado su "descontento" con la propuesta de la Consejería de Hacienda, ya que no responde a las expectativas de los colectivos a los que representan (maestros, profesores y enfermeras).

A su juicio, supone percibir "una parte insignificante" de la que se debe a estos empleados públicos, además de que, "se trata de una propuesta totalmente insolidaria e injusta que no trata por igual a todos los empleados públicos", han afirmado en un comunicado recogido por Europa Press.

A pesar de esto, Satse y ANPE valoran la iniciativa de la Consejería de Hacienda y están abiertos a que en el seno de la mesa de empleados públicos se mantenga la negociación para poder llegar a un acuerdo que responda a las demandas de estas organizaciones sindicales.