El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha presentado este viernes en Toledo los datos de la última fase del Plan de Pago a Proveedores puesta en marcha por el Gobierno central, en la que los proveedores castellano-manchegos recibirán 699 millones de euros.

Este último pago afecta a proveedores de nueve regiones —Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Baleares y Región de Murcia—, además de a proveedores de consejos comarcales de Cataluña.

Es este último tramo los pagos han correspondido a facturas correspondientes a obras públicas, agua, energía, transporte o expropiaciones.

Sobre el caso de Castilla-La Mancha, Beteta ha señalado que la región "se encontró con un importante stock de facturas pendientes porque había un déficit excesivo y se gastaba por encima de lo que se ganaba", pero la gestión actual "reduce esta coyuntura de modo y manera que se ha quedado en el último pago de proveedores en un tercio del número de facturas que el anterior". "Eso demuestra un esfuerzo mantenido y sostenido en cuando al cumplimiento del déficit público", ha dicho.

4.526

Millones en total para c-LM

El global de los pagos realizados a la Comunidad Autónoma en todos los mecanismos de pago a proveedores desde 2012 asciende a 4.526 millones de euros, de los cuales 3.900 han ido a parar a proveedores de la Junta y otros 569 para acreedores de entidades locales.

Para Beteta, "eso pone de manifiesto ese compromiso, porque han ido dedicados a avanzar en los servicios esenciales y prioritarios, como sanidad y educación".

Después de que la región haya recibido esta semana los 699 millones correspondientes al último tramo de ese mecanismo, Beteta ha subrayado que "no va a haber más", y a partir de ahora "el plan de pago se llama 'estricto cumplimiento de la ley'".

Así, ahora lo que toca es "ajustar los gastos a los ingresos, cumplir el objetivo de déficit y pagar a los acreedores en 30 días".

Balance de las tres fases

En las dos primeras fases de estos mecanismos, que finalizaron en 2011, Castilla-La Mancha abonó 2.979 millones de euros, saldando un total de 603.380 facturas impagadas.

En los dos tramos de la última fase se ha podido satisfacer conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales; convenios de colaboración; transferencias a instituciones sin fin de lucro; transferencias a proveedores de la UCLM; contratos de obra y de arrendamientos y concesiones administrativas.

En total, han sido 217.865 las facturas atendidas en esta tercera fase, por valor de más de 977,2 millones.

La Consejería de Hacienda ha estimado un ahorro anual en intereses por estas deudas satisfechas de 38.88 millones de euros, y el ahorro considerando todo el plazo de la operación alcanza los 238,16 millones.

Se crean 400.000

Puestos de trabajo

Este último tramo del plan ha repartido un total de 8.002 millones de euros, con lo que el balance global refleja un pago de 41.814,62 millones. Con estos datos, tal y como ha aseverado Beteta, se han podido abonar 8 millones de facturas impagadas a 200.000 proveedores, lo que ha posibilitado, según el secretario de Estado, "la creación de 400.000 puestos de trabajo".

Antonio Beteta ha remarcado que además se ha trabajado en ayudar a los pagos pendientes a corporaciones locales por servicios prestados que correspondían a la Administración regional.

Según ha dicho, "esta fue una iniciativa de Castilla-La Mancha, ya que Cospedal habló con Montoro para poder incluir los pagos por servicios correspondientes a la Comunidad Autónoma que habían llevado a cabo las corporaciones locales".

De este modo, en este último tramo del pago a proveedores se han hecho transferencias por 69,32 millones de euros a Castilla-la Mancha para satisfacer importes de este tipo.