Esta es la principal conclusión del reciente "Informe sobre la coyuntura económica" publicado por la Caixa Catalunya, que afirma que Madrid (1,82% del PIB), Navarra (1,67%), el País Vasco (1,48%) y Cataluña (1,35%) son las mejor situadas y muestran importantes avances respecto a los datos del año 2000.
Como Holanda y Reino Unido
Estas comunidades se sitúan al mismo nivel que Holanda, Reino Unido e Irlanda, aunque tampoco ninguna de ellas ha lograr alcanzar la cifra marcada por la UE.
El informe explica que las comunidades autónomas españolas presentan avances muy desiguales entre sí en cuanto a investigación, ya que, a parte de las cuatro mencionadas, el resto de comunidades se encuentra en los niveles de avance más bajos de la Unión Europa, junto con Portugal y Grecia.
En este sentido, Baleares (0,28% del PIB dedicado a I+D), Castilla-La Mancha (0,41%) y Cantabria (0,45%) son los casos más extremos del país.
Por otro lado, la "Estrategia de Lisboa" también situaba la financiación privada de la investigación en el 66% del total para el año 2010, y en 2005 España estaba ubicada en el vagón de cola europeo también en este aspecto, sólo por delante de Italia y Grecia.
País Vasco, líder europeo
Sin embargo, por comunidades, el País Vasco -77,8% de investigación privada, la cifra más alta de la UE, por encima incluso de países como Suecia o Finlandia-, La Rioja (67,1%) y Navarra (66%) sí cumplen el objetivo comunitario en esta materia.
Cataluña, Madrid, Aragón y Castilla y León forman, según la memoria de Caixa Catalunya, el segundo grupo, con un 55% de la inversión del sector privado como agente proveedor de fondos destinados a I+D, mientras que la participación empresarial en investigación en Andalucía, Baleares, Canarias y Extremadura no llega a la tercera parte del total.
El informe concluye que España debe realizar un esfuerzo común superior y más equitativo para lograr la convergencia en términos de I+D o, en caso contrario, se podría aumentar la diferencia de potencial de las economías y minorar gravemente el progreso de las comunidades que no cumplan con la Estrategia de Lisboa.
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