El Gobierno de Navarra, a través de la Agencia Navarra para la Autonomía (ANAP) de las Personas, ha instado a la empresa SAR Quavitae, nueva adjudicataria de la gestión de los centros públicos que atienden a personas con discapacidad, a que "recupere inmediatamente la negociación con los sindicatos y cumpla con lo establecido en el convenio colectivo en vigor".

A juicio de la ANAP, esta empresa concurrió al reciente concurso de adjudicación de la gestión de estos centros "con la idea de descolgarse del convenio, incluso bajó su oferta global en 145.679,62 euros".

Asimismo, según ha informado el Gobierno foral en una nota, "la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas pone de manifiesto que la atención a los usuarios de estos centros no se ha resentido en ningún momento porque los profesionales siguen cumpliendo con sus obligaciones". También afirma que seguirá vigilando "de cerca" y exigiendo el cumplimiento de los contratos suscritos con las empresas "en todos sus aspectos" y "con todos los medios" a su alcance.

El Gobierno de Navarra financia sus centros públicos para personas con discapacidad con más de 19 millones de euros anuales, con un incremento de 417.512 euros al año. Estas residencias y centros de día atienden a 438 usuarios y dan empleo a 650 personas. La inversión en atención residencial por usuario es de unos 4.075 euros anuales, casi 49.000 euros al año.