La Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Andalucía ha aprobado una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Popular por la situación en la que se encuentra el sector de monitores administrativos de centros educativos andaluces afectados por la decisión de la Junta andaluza de llevar su labor a una oferta de empleo público tras denunciarse irregularidades por parte de la empresa que los contrataba.

En este sentido, una de las portavoces de este colectivo, Virginia Vázquez, ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, a protestas el próximo 28-F ante lo que considera una "venta de humo" por parte de la administración andaluza, que por otro lado ha confirmado a varios de estos trabajadores que no se recurrirían eventuales resoluciones judiciales a favor de los trabajadores que han presentado demanda.

En la configuración final de la PNL han tenido especial incidencia una serie de enmiendas presentadas por el Grupo de IULV-CA, que básicamente han supuesto, en primer lugar, pasar de anular a modificar el Plan de Choque presentado para el presente curso de modo que permita la contratación del personal que acredite haber desempeñado las funciones en el puesto al menos durante tres meses.

Asimismo, se ha aprobado articular la fórmula para la contratación del personal que hasta ahora venía prestando estas funciones recurriéndose para ello, si fuese preciso, a un laudo arbitral, el cual afectaría tanto a aquellas personas demandantes de su despido como a aquellas que en su día no hubieran ejercitado tal acción, dándose por válida la decisión adoptada en el citado laudo. De recurrirse al mismo, procedería una aplicación parcial del Plan de Choque, reconociendo la experiencia prestada por el personal que lo venía prestando hasta tanto se pronuncie el árbitro.

Por otro lado, se ha aprobado instar al Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a convocar el correspondiente procedimiento para la cualificación profesional a los trabajadores que han venido desempeñando este puesto en los últimos años y a que su resolución se haga por la vía de urgencia, de forma que dichas cualificaciones se resuelvan en una fecha que permita su contratación para el curso 2014-15, a través del procedimiento que se determine.

Por último, IU ha propuesto reconocer la antigüedad y experiencia como equivalente a las de la Junta de Andalucía a los monitores escolares que, contratados por empresas privadas, hayan desempeñado su labor en los centros educativos públicos dependientes de la Junta de Andalucía, según las tareas especificadas en los pliegos de prescripciones técnicas de la licitación del servicio.