En su última sesión de 2013, recordémoslo, el pleno de la Diputación provincial revocó, por unanimidad de todas sus fuerzas políticas, el acuerdo plenario previo que, merced a la Ley Estatal de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destinaba a la "amortización anticipada de deudas" los 39,3 millones de euros correspondientes al superávit de la liquidación del presupuesto de 2012.

El nuevo acuerdo, en paralelo, implica una adhesión a la disposición recientemente incorporada a la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que estipula "reglas especiales" para el gasto del superávit presupuestario, al objeto de destinar a "inversiones financieramente sostenibles" los citados 39,3 millones de euros, extremo que debe ser consumado durante 2014.

Dado el debate suscitado sobre la aplicación concreta de estos fondos, pues el Gobierno provincial socialista señalaba que una enmienda del Grupo popular en las Cortes Generales reducía de 89 a 14 los supuestos susceptibles de ser considerados como "inversiones financieramente sostenibles" pero dicha enmienda habría sido retirada, los socialistas han anunciado una negociación para que el próximo pleno ordinario apruebe por unanimidad una declaración institucional relacionada con el asunto.

El "sentir" de los alcaldes

"Es muy positivo que podamos elevar al pleno una propuesta que recoja el sentir de los casi cien alcaldes y alcaldesas que el pasado viernes se dieron cita en la Diputación para reclamar al gobierno que abra la mano a la hora de definir lo que es una inversión financieramente sostenible", dice Fernando Rodríguez Villalobos.

Según el mandatario provincial, "fue muy elocuente comprobar cómo alcaldes y alcaldesas del PP, de IU-CA y del PSOE tomaron la palabra en dicha asamblea, y en privado representantes del PA, para expresar un mismo sentir en torno al superávit, reclamando inversiones en materia de empleo para quienes más lo necesitan y solicitando que sean los propios ayuntamientos los que ejecuten dichos programas".

Villalobos, en ese sentido, tiene la "certeza, confirmada por algún que otro municipalista de la provincia, de que por parte de determinados dirigentes con ascendencia en el gobierno, en estos momentos están siendo negociados los nuevos términos de lo que será considerado como inversión sostenible para aplicar el superávit". "En los próximos días, si el gobierno abre la mano finalmente en este asunto, quizá alguien intente anotarse el logro de haber llevado esta cuestión a buen término, cuando ha sido la piña y el espíritu unánime mostrado por los alcaldes el que está influyendo sobremanera en la redacción de dicha normativa".

"flexibilizar" los supuestos

En la declaración que prepara el equipo de gobierno provincial sobre este asunto, se insta al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España a que "flexibilice las condiciones para invertir el superávit de la Diputación de Sevilla, especialmente ampliando los programas presupuestarios que se correspondan con las competencias propias de los ayuntamientos, dando respuesta a las necesidades reales que marquen los municipios de la provincia, y priorizando la creación de empleo y políticas sociales".

Seguidamente, dicho documento, para el que el portavoz del Gobierno provincial, Manuel Domínguez, espera obtener "el apoyo de todos, sin excepción de ningún grupo con representación en el plenario", solicita al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España a que amplíe el plazo para ejecutar las inversiones a cargo de ese superávit, que inicialmente está fijado para el 31 de diciembre del presente año.