La causa en cuestión, tramitada por el Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, parte de la querella formulada en 2008 por la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico contra cuatro de los directivos de 'Cobre las Cruces', —entonces filial de la multinacional 'Inmet Mining' y ahora perteneciente a 'First Quantum'—. Como consecuencia de esta querella por posibles delitos de daños continuados y contra el medio ambiente, fueron imputados el ya ex director general de la compañía Françoise Fleury; el director de Minas, William Thomas Willliams; el director de Gestión de Aguas de esta empresa, Juan Carlos Baquero; y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen.

La querella de la Fiscalía de Medio Ambiente, a su vez, partía de los expedientes sancionadores previamente incoados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) contra 'Cobre las Cruces', por la supuesta detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la presunta práctica de 20 sondeos no autorizados y el supuesto vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico. La CHG, a cuenta de estos hechos, suspendió provisionalmente la concesión administrativa otorgada a 'Cobre las Cruces' para el aprovechamiento del acuífero a través de un sistema de drenaje y reinyección de agua (SDR), si bien la concesión fue finalmente restituida a cuenta de las medidas adoptadas por la compañía.

Procesados tres directivos

En 2012, la juez Ana Escribano resolvió exculpar a Juan Carlos Baquero y seguir las actuaciones mediante el procedimiento abreviado contra Françoise Fleury, William Thomas Willliams y Paz Cosmen, desestimando la Audiencia provincial, en noviembre de 2013, el recurso de apelación promovido por la compañía contra el procesamiento de estas tres personas.

Dado el caso, la Fiscalía ha elevado al Juzgado de Instrucción número tres un escrito de acusación en el que considera que los hechos son constitutivos de delitos contra el medio ambiente y daños al dominio público, reclamando para cada uno de los procesados una pena global de cinco años y medio de cárcel, inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante tres años, multas de 11.700 euros y una cuantía general de 607.430 euros en concepto de responsabilidad civil derivada de los daños supuestamente perpetrados al dominio público y la necesaria "restauración del equilibrio ecológico perturbado".

En este escrito, adelantado por el diario 'El Mundo' y recogido por Europa Press, la Fiscalía reclama la apertura de juicio oral contra los procesados, manifestando que "la dinámica de la empresa" fue el "incumplimiento" de la autorización concedida para el aprovechamiento del acuífero, mencionando entre otras cosas aspectos como "sondeos sin preceptiva autorización", extracciones de agua cuya acta de reconocimiento carecía de aprobación, una "detracción ilegal" de aguas y "concentraciones de arsénico" en el caudal del acuífero.

La empresa se defiende

Por parte de 'Cobre las Cruces', fuentes de la empresa han defendido la "inexistencia de cualquier tipo de delito", señalando el deseo de la compañía en cuanto a que el procedimiento judicial concluya para que "se restituya la imagen" pública de 'Cobre las Cruces'. La empresa, en ese sentido, siempre ha defendido que la actividad minera "en ningún momento afectó a las aguas subterráneas", asegurando que cuenta con "informes técnicos" que avalan esta tesis, según han indicado dichas fuentes a Europa Press.