Una veintena de personas integrantes del colectivo Totes Juntes se ha concentrado este jueves ante la puerta del Ayuntamiento de Valencia para exigir que se retiren tres leyes que van a hacer la vida "todavía más difícil, más pobre y más desigual". Se trata de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana —Ley "mordaza"—; la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo; y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Así lo ha indicado Eva Martínez, una de las portavoces de Totes Juntes, en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de participar en la concentración que ha reunido a alrededor de 20 personas de diferentes colectivos, entre ellos los Iaioflautas.

Martínez ha leído un comunicado en el que ha puesto de manifiesto que su organización —integrada por colectivos como ATTAC, la PAH, Coordinadora de ONGs, Democracia Real Ya, Frente Cívico, CGT, Compromís, EUPV, PCPV, Ca Revolta y Acontracorrent, entre otros— defiende principios que considera "irrenunciables", como la exigencia de una democracia política y económica; el rechazo a las políticas de austeridad y a las reformas estructurales; y los derechos para todas las personas.

Al respecto, ha subrayado que desde el Gobierno, tanto estatal como autonómico, se están llevando a cabo una serie de "retrógradas" reformas, "ya iniciadas con el anterior gobierno", "un ataque despiadado a las libertades y a las condiciones de vida y de trabajo de la inmensa mayoría de la población española".

Por este motivo, ha avanzado que se ha convocado para este domingo, día 23, en Valencia, una manifestación de denuncia y rechazo por todo lo que "se impone y quieren seguir haciendo", ha puntualizado Martínez.

En este sentido, ha señalado que "el pacto entre los ricos y cierta clase política aprovechada ya no cuela, sabemos que les ha llevado al desarrollo de la estrategia de imponernos al resto de la ciudadanía sus normas, sus leyes, para mantener y aumentar los privilegios a quienes ya los tienen, aún a costa de dejar al resto de la población en la miseria y, además, sin derecho a rechistar ni exigir lo que es de justicia".

Frente a todo ello, ha manifestado que no aceptan la sumisión "que pretenden imponer por la fuerza"; y ha añadido: "desde la no-violencia activa y la desobediencia civil legítimas, somos capaces de enfrentarnos radicalmente a la limitación de nuestras libertades". "Las personas primero. No nos callarán ni acataremos sus normas. La voz del pueblo no es ilegal. Cuando la injusticia es ley, la desobediencia es un deber".