Al igual que en la jornada de este pasado martes, los expertos que han participado en la nueva sesión de las jornadas sobre la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que promueve la Diputación de Sevilla han coincidido en el "fundamento económico" que marca por entero este nuevo marco normativo, según la institución. Señalan además las "dudas interpretativas" que surgen en su lectura, la "confusión" por su "desorden técnico" y la necesidad imperiosa de adaptar los sistemas de información y control de las entidades locales para su cumplimiento.

Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, secretario general de la Diputación de Sevilla y coordinador del equipo de investigación sobre la nueva ley en la Fundación Democracia y Gobierno Local, ha destacado que "la Ley contiene algunas partes con una técnica jurídica manifiestamente mejorable, pues dan lugar a dudas interpretativas enormes que va a dificultar una aplicación homogénea en todo el territorio nacional".

Para Fernández-Figueroa, impulsor del estudio sobre esta norma, "debido a la perentoreidad de algunos plazos que la Ley establece, lo que tratamos con estas jornadas es marcar unas pautas primeras de aplicación de esta Ley que sí sean homogéneas, un prontuario de actuaciones básicas que cualquier Ayuntamiento de España tiene que realizar en la aplicación inmediata de la Ley". En resumen, unas "nociones básicas ante la falta de criterios interpretativos claros".

De hecho, el secretario general de la Diputación de Sevilla es el autor, junto con el profesor Antonio Serrano y su homólogo en la Institución Provincial de Huesca, de la Guía Práctica sobre la aplicación de la reforma local editada por la Fundación, y también publicada en el portal web de esta institución, con posibilidad de descarga gratuita, en la dirección http://www.gobiernolocal.org/actualidad/local/2014/02/14/2474 .

En su labor como fedatario público de la entidad provincial de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa ha destacado que "esta Diputación tiene homogeneizado al personal desde hace dos años y medio, de modo que los directivos de los distintos entes instrumentales tienen todos las mismas retribuciones, de igual forma que cumplen con los mismos requisitos para los procedimientos administrativos u otras cuestiones de gestión".

Por su parte, José Luis Rodríguez Rodríguez, vicesecretario general de la Diputación de Sevilla, ha hecho especial hincapié en la necesidad de diferenciar "entre provincia, como ente territorial, y Diputación, como gobierno de la provincia, una distinción que la LRSAL no hace porque asigna competencias a la Diputación cuando ha de hacerlo a la provincia".

Tras dictar cuál ha sido la evolución de la provincia desde la Constitución hasta la fecha, ha analizado la mejora del papel competencial en la nueva Ley, "pero a base del empleo de un término que está por desarrollar, que es la coordinación que se le va a pedir al ejercicio de las competencias de la Diputación".

En su opinión, "la Ley es confusa en cuanto a que no es técnicamente ordenada, suprime competencias y las que asigna lo hace con un término erróneo porque, como he dicho, no es competencia de la Diputación sino de la provincia; es una norma difícil, con problemas incluso en su proceso de elaboración hasta llegar al BOE".

José Luis Rodríguez Rodríguez ha trasladado a los participantes su asombro al comprobar en la lectura del texto final que esta norma no incluya un tema tan importante como la suficiente y necesaria financiación de las entidades locales.

La jornada ha contado también con las ponencias de Agustín Cosano Prieto, director del Área de Sostenibilidad y Ciclo Hidráulico de la Institución Provincial, y de José Manuel Pardellas, interventor general de la Diputación de La Coruña.

Cosano, que ha hablado sobre la articulación de las competencias provinciales con la Ley de Autonomía Local (LAULA) con especial incidencia en materia de ciclo integral del agua, tratamiento de residuos y prevención y extinción de incendios, ha destacado que "la Ley puede suponer un retroceso en el proceso de descentralización local, pero tenemos la oportunidad de reforzar los principios de la autonomía local en base a la norma del gobierno autónomo".

Según ha explicado "es necesario mantener el modelo descentralizado constitucional ya que la organización territorial del Estado y el régimen del gobierno y de la administración local están por encima de coyunturas económicas".

Finalmente, Pardellas ha aclarado que "los nuevos criterios de gestión pública requieren la adaptación de los sistemas de información, seguimiento, control y evaluación actuales". Ha concluido que "sólo permanecerán las instituciones que tengan más capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes", además de plantear la necesidad de "una posición activa de los propios funcionarios de administración local con habilitación nacional".