Las cuatro escuelas obligadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a impartir al menos el 25% de las clases en castellano han pedido este miércoles al alto tribunal la suspensión de la ejecución de las medidas cautelares hasta que se las haya incluido en el proceso y hayan podido exponer sus argumentos.

Los centros consideran que la decisión del TSJC los afecta directamente y tienen que poder defenderse. Asimismo, al menos tres de las cinco asociaciones de padres también han decidido presentar un recurso.

El secretario general adjunto de Escola Cristiana, que agrupa a cuatro de las escuelas, Carles Armengol, ha explicado que el escrito pide al TSJC que no se dirija a los directores de los centros, ya que son sólo trabajadores de la escuela, sino que lo haga a sus propietarios, que son los responsables últimos de marcar el programa educativo.

Armengol también ha comentado que los servicios jurídicos de la patronal han redactado los escritos y se han puesto a disposición de las asociaciones de madres y padres de cada centro por si también quisieran presentar un recurso.

De momento dos AMPA han pedido que Escola Cristiana presente viernes el escrito en nombre suyo, otra lo hará probablemente y la cuarta tiene más reticencias. El AMPA del instituto de Sant Fost también ha decidido presentar un recurso en un sentido similar.

Según Escola Cristiana, estos padres se sienten agravados porque cambiarán la lengua vehicular a sus hijos sin haberlos consultado. Además, recuerdan que cuando matricularon a sus hijos aceptaron el proyecto educativo del centro, que incluye el programa lingüístico, y por lo tanto es un contrato que no se puede cambiar en mitad de su vigencia.