La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para el exalcalde de Jerez Pedro Pacheco siete años de cárcel, multa e inhabilitación para cargo público municipal durante seis años, al considerar que cometió delitos de prevaricación continuada, fraude a la administración, estafa y falsedad continuada en documento oficial en la venta de la antigua estación de autobuses de la ciudad.

En su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez, el fiscal acusa a un total de siete personas. Además de a Pacheco, que era teniente de alcalde y delegado de Urbanismo cuando ocurrieron los hechos; a Miguel Ballesteros, gerente de la Empresa Municipal del Suelo, para el que pide la misma pena por los mismos delitos.

Además, pide para José Luis López (empresario de la Sierra de Cádiz, que ya fue condenado con anterioridad en el caso de fraude a la Seguridad Social en el que resultó condenada, entre muchos otras personas la esposa del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario) y para su socio Francisco Chávez prisión de seis años, multa e inhabilitación especial por los delitos de fraude a la administración, falsedad continuada en documento oficial y estafa.

Por último, a los testaferros Angel Monereo, Vicente Cervera y Joaquín López también les acusa de fraude a la administración, falsedad en documento oficial y estafa y para ellos solicita tres años y medio de cárcel, multa e inhabilitación especial par cargo público por seis años.

Asimismo, el fiscal quiere que indemnicen de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento jerezano con 1.695.000 euros, la cantidad que el consistorio dejó de percibir por la venta fraudulenta de la vieja estación.

En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que Pacheco y Ballesteros, con la única finalidad e intención de perjudicar a las arcas municipales del Ayuntamiento y de beneficiar a los empresarios, con los que el primero mantenía vínculos de amistad, diseñaron un procedimiento 'ad hoc' de enajenación de la antigua estación de autobuses de Jerez, que supuso "un grave quebranto del erario público" ya que el inmueble se transmitió por un precio "notablemente inferior" a su valor real, concretamente por la cantidad de 2.765.000 euros, cuando el valor de mercado de la finca nunca podría ser inferior a 4.460.000 euros.

Según consta en el documento, "la venta se realizó en el año 2006, partiendo de unas tasación del año 2004 la cual no se actualizó, y se hizo en un procedimiento previamente confeccionado por los acusados en el que las únicas empresas ofertantes eran sociedades las cuales estaban bajo el mando de los mismos empresarios, que habían colocado en las mismas a testaferros".

De ese modo, según denuncia la Fiscalía, se creó la apariencia ficticia de estar ante diferentes empresas y se ocultó la verdadera identidad de los compradores, de tal manera que los acusados pudieron fijar el precio que estimaron por conveniente sin ajustarse a criterios de mercado. "Al poco tiempo de adquirirse la estación de autobuses por parte de los empresarios, estos a su vez la transmitieron a terceros, obteniendo cuantiosos beneficios", concluye.