El Partido Riojano (PR+) ha afirmado que se están volviendo a ingresar en la planta de maternidad personas de avanzada edad, con 80 años y "que sufren enfermedades que las normas sanitarias no conciben que se ingresen en dicha planta". Los regionalistas han señalado que mientras "vuelve el caos a la sanidad riojana, un caos que nunca se fue, Pedro Sanz y José Ignacio Nieto planean cerrar la cuarta planta este fin de semana, hecho que empeorara las cosas aún más".

El Grupo Regionalista advierte que "sigue sin contratarse más personal sanitario, algo que es reclamado desde hace meses y no se sustituyen bajas ni vacaciones". Además recuerdan que el consejero de Salud que se vio obligado a abrir la cuarta planta del Hospital San Pedro "por las denuncias del PR+, pidió comparecer en el Parlamento de La Rioja hace varios días y parece que ya se ha olvidado de dar la cara ante los representantes de los riojanos para explicar su chapucera gestión en sanidad".

El presidente Regionalista Miguel González de Legarra, ha considerado que "mientras siguen cerradas decenas de camas en el Hospital General de La Rioja o Calahorra, hay personas que son ingresadas en maternidad por un evidente fallo de gestión y se están dando altas con un criterio poco recomendable, que no es otro que dejar camas libres".

Para el diputado del PR+ González de Legarra "no se puede permitir tener hospitales públicos con un ERE encubierto, despedir decenas de trabajadores sanitarios y luego desviar cantidades ingentes de dinero a empresas privadas para que ofrezcan un servicio que nos cuesta millones de euros"

El Partido Riojano recuerda que es el propio Tribunal de Cuentas quien reconoce que la gestión sanitaria es "chapucera", con millones de euros "en pagos de intereses por retrasos en las facturas, condenas de juzgados o contratos que "no se ajustan al interés público". La formación riojanista señala que lleva pidiendo las copias de los contratos y facturas con Viamed desde hace mucho tiempo y el Gobierno "se niega a entregarlas, advierten que el conjunto de contratos en un solo año es superior a los ocho millones de euros y quieren saber la verdad de los servicios que se prestan, ya que entienden que con ocho millones de euros se pueden convertir la sanidad pública en un servicio estrella".