Multas de hasta 400.000 euros por incumplir la nueva Ley de Transparencia de Andalucía

  • La Junta ha aprobado una normativa que obliga a las administraciones y a otros entes a facilitar cualquier información que pidan los ciudadanos.
  • También afecta a los partidos políticos, los sindicatos, las universidades públicas, las empresas adjudicatarias de servicios públicos...
  • Entrará en vigor en el plazo máximo de un año, excepto en los ayuntamientos, que cuentan con dos años para adaptarse.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la conferencia política del PSOE en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la conferencia política del PSOE en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
EFE

"Que todo lo público sea transparente. Que el ciudadano sepa qué se hace con su dinero; con quién se contrata; cuánto, cuándo y cómo se paga a los cargos públicos...". Son solo algunos de los objetivos que pretende alcanzar la nueva Ley de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA), que este martes aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta y que ahora será remitida al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva.

"Es un hito importante la aprobación de esta normativa, que es prioritaria, avanzada y valiente", ha señalado el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, que insistió en que se trata de una ley que da "más poder y control a los ciudadanos, que podrán preguntar en cualquier momento". Además, el consejero ha hecho hincapié en que la LTPA "está por delante" de la normativa estatal.

Las claves de la ley

Entrada en vigor. La Junta ha establecido un plazo máximo de un año para la entrada en vigor de la ley, salvo en el caso de los ayuntamientos, que tendrán dos (tal y como señala la ley estatal).

A quién afecta. No solo la Junta tendrá la obligación de ser transparente. También las agencias públicas, los partidos políticos, los sindicatos, las universidades públicas, las ONG, las empresas privadas adjudicatarias de servicios públicos y aquellas que reciban subvenciones. "Todo el que reciba dinero público", ha explicado Martínez Barrios.

Qué se dará a conocer. Las funciones que desarrollan los entes afectados; sus sedes, horarios, teléfono y dirección; la relación de puestos de trabajo; las ofertas públicas de empleo; los procesos de selcción; las agendas institucionales; las nóminas, dietas e indemnizaciones por cese de altos cargos; sus declaraciones de bienes y actividades; información detallada de los contratos que se firman y de las subvenciones que se conceden...

Cómo se publicará. La información se actualizará trimestralmente y se ofrecerá siempre que la pidan los ciudadanos; las administraciones tienen un plazo de 20 días hábiles para responder, prorrogables por el mismo periodo en caso de que la información solicitada sea muy compleja ; el proceso será gratuito, y se responderá en un lenguaje comprensible y no sexista.

Sanciones. El incumplimiento de la norma, es decir, no ofrecer la información que se solicite, conllevará sanciones que oscilan entre los 200 y los 400.000 euros. Las infracciones muy graves también pueden conllevar la devolución de una subvención otrogada, la resolución de un contrato firmado o el cese e inhabilitación de un alto cargo.

Coste. Según el consejero, esta ley no supondrá ningún coste para la Junta, salvo el sueldo del director del Consejo de Transparencia, órgano que velará por el cumplimiento de la norma.

Participación ciudadana

La Junta habilitó una web el pasado año para que los andaluces dejaran sus propuestas de cara a la redacción de la LTPA. En dos meses se recibieron 12.883 visitas, 73 propuestas y 121 medidas.

Entre ellas, modificar la ley electoral; publicar la planificación detallada de los gastos de la Administración; que se motive la denegación de información; y que el Gobierno explique el porqué de las decisiones que toma. Muchas de las propuestas se han reflejado en el texto definitivo.

Diferencias con la ley estatal

Plazos. La LTPA entrará en vigor en un año (salvo en ayuntamientos). La nacional, en dos. El plazo para responder a los ciudadanos es de 20 días; en la ley básica, 1 mes.

Contenido. La ley andaluza obliga a publicar las agendas institucionales, la declaración de actividades, bienes y retribuciones de los altos cargos, la información sobre adjudicatarias de servicios públicos, a que haya retransmisiones de los plenos municipales... La norma estatal no contempla nada de esto.

Sanciones. La ley nacional carece de sanciones, mientras que la andaluza ha establecido un régimen de multas para quienes incumplan la norma.

Director. El responsable del Consejo de Transparencia, que velará por el cumplimiento de la ley, será designado por el Parlamento por mayoría absoluta. En la ley estatal lo nombra el Gobierno.

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