Mejores pensiones a medida que se reduce el número de contribuyentes. Esta es la situación que vive la Tesorería General de la Seguridad Social, que ha visto como desde el inicio de la crisis el importe medio de las nuevas pensiones de jubilación se ha incrementado en un 36%. En enero, un nuevo jubilado español cobra una pensión media de 1.356,25 euros al mes, una cifra que es 311,7 euros más alta que la percibida por un recién jubilado en enero de 2007.

Son los datos proporcionados este martes por el secretario de Estado para la Seguridad Social, Tomás Burgos. Según ha informado, cada vez son más las personas que se jubilan a la edad legal o más tarde (ya son seis de cada 10). Así, la edad real de jubilación en España ha pasado de los 63,9 a los 64,3 años entre 2012 y 2013.

La caída de la actividad y del número de afiliados, unido al imparable aumento de las jubilaciones, han creado fuertes tensiones de tesorería en la Seguridad Social, que presentó un déficit del 0,96% en 2012 y ha visto como se ha tenido que echar mano constantemente a su Fondo de Reserva, que en dos años ha mermado en más de 23.000 millones de euros. Por si fuera poco, es seguro que se continuará recurriendo, a razón de unos 5.000 millones de euros cada vez, a la conocida como hucha de las pensiones.

Precisamente con la excusa de revertir la tendencia negativa del sistema público de protección, el Gobierno aprobó el pasado año una reforma del sistema de pensiones que, en teoría, recortará el gasto en pensiones en cerca de 33.000 millones de euros durante los próximos nueve años. La clave: las prestaciones de los jubilados dejarán de revalorizarse solo con el IPC, y verán cómo se les aplican índices de revalorización y sostenibilidad, relacionados con otras variables macroeconómicas.

En esta misma línea, el Ejecutivo aprobó el pasado mes de abril una medida para endurecer el acceso a la jubilación anticipada. Desde entonces, para acceder a esta medida antes de la edad legal, es necesario haber completado al menos 35 años de cotización, al tiempo que se les concede una pensión menor que en caso de jubilarse a partir de los 65 años.

En el mismo paquete legislativo, el Gobierno del Partido Popular aprobó una reforma que facilitaba, por su parte, la compatibilización de trabajo y jubilación. Además, cambió la normativa laboral para traspasar a las empresas el coste de despedir a sus trabajadores de más de 50 años. Las medidas, por lo visto, ha surtido efecto, ya que en enero de 2014 se han registrado un 11,9% menos jubilaciones anticipadas que en el mismo mes del año anterior, según datos de la Seguridad Social.

El régimen legal de las prejubilaciones —que son una forma de despido, no confundir con las jubilaciones anticipadas— ha vuelto a sufrir una reforma el pasado 21 de diciembre, después de que el Gobierno introdujera una reforma del articulado de la normativa sobre la Seguridad Social dentro del Real Decreto-ley 16/2013 de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

La reforma en cuestión modifica los tipos de empresas con beneficios que han de hacer aportaciones económicas en los casos de despido de trabajadores de cincuenta o más años. En esencia, el nuevo articulado amplía la posibilidad de llevar a cabo prejubilaciones pagadas en parte por el Estado en caso de trabajadores de más de 50 años y en aquellas compañías multinacionales cuya parte del negocio en España presente pérdidas. Se establece pues "una defición ex profeso de los grupos de empresa tendente a liberar a las multinacionales de la obligación de pagar cotizaciones y desempleo de los mayores de 50 años afectados por ERE", señalan Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT.

Desde el sindicato lamentan que no es la primera modificación legal que se aprueba "para satisfacer los intereses de las multinacionales". Y es que en agosto de 2013, mediante un real decreto, se modificaron los reglamentos sobre procedimientos de despido colectivo de forma que se redujeron "considerablemente" los supuestos y se ofrecieron ventajas a las grandes corporaciones.

Los efectos de la reforma del 21 de diciembre serán, según Toni Ferrer, que las multinacionales despidan fácilmente a sus trabajadores en España en los ERE al margen de que el grupo tenga cuantiosos beneficios, en especial los de mayor edad. "Se trata de ofrecer a las grandes corporaciones nuevos incentivos para su implantación en España, pues independientemente de las ganancias y solvencia empresarial, pueden despedir a su antojo sobre la base de la crisis económica (...). Se abre la veda para expulsar del mercado laboral a los trabajadores mayores de 50 años. Las multinacionales quedan liberadas, ya pagamos los demás", advierte.

Fuentes del Ministerio de Empleo reivindican por su parte la potencial capacidad de atraer inversores y puntualizan que "lo que hace la modificación del 21 de diciembre es únicamente clarificar de qué forma computan los grupos empresariales, ya que era un fleco que no había sido aclarado por completo (...) Así, para calcular lo que pagan por los despidos que se hagan en España se tendrá en cuenta la actividad en España, siempre que sea un grupo empresarial", añaden estas fuentes, que recalcan que "en cualquier caso, lo que la empresa tiene que pagar es el coste que supone para España estas prejubilaciones".

"Pero esto no supone facilitar las prejubilaciones", insisten desde Empleo, ya que la medida impide, a la inversa, que una empresa con beneficios en España, pero pérdidas fuera, se beneficie de unas prejubilaciones más baratas.

Esta medida, vigente desde el 22 de diciembre de 2013, es aplicable, por ejemplo, tanto a la filial española de una multinacional estadounidense como a la parte de negocio radicada en territorio nacional de una gran empresa española. Viene a así a dar marcha atrás a la llamada enmienda Telefónica, la Ley 27/2011, regulación aprobada a mediados de 2011 por el anterior Gobierno ante la indignación que levantó entonces el expediente de regulación de empleo de la compañía de telecomunicaciones. La norma se aprobó entonces para impedir futuros expedientes de regulación de empleo en los que empresas con beneficios llevaran a cabo ajustes y rejuvenecimientos de plantilla a costa del contribuyente.

La llamada enmienda Telefónica no se desarrolló reglamentariamente hasta la llegada del Partido Popular. Lo hizo en su reforma laboral, que amplió y clarificó los supuestos en los que la empresa debía pagar y en un decreto del 29 de octubre sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios. Después, "en febrero de 2013, se amplia la reforma y se hace un primer camino inverso: Permite las prejubilaciones a empresas con beneficios y en los que las personas de más de 50 años a los que afecte el ERE sea mayor que su porcentaje en la plantilla total", indica Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas en CC OO.

Con ese cambio normativo, según Bravo, aunque "decían que limitaban las prejubilaciones, en realidad hacían lo contrario, ya que 1) eliminaban la obligación de pagar al Estado en el caso de los jóvenes en los ERE y 2) incentivaban por ello el despido de trabajadores jóvenes", explica. En este contexto, la medida aprobada el pasado 21 de diciembre "no deja de ser otro paso atrás de lo aprobado por el Gobierno en 2011", concluye.