Visto para sentencia el juicio por la quiebra de Socueva sin que ningún acusado reconozca ningún delito

La abogada de Miguel Mirones ve una "especial fijación" de las acusaciones en el expresidente de CEOE por su "relevancia pública"
Juicio Socueva
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EUROPA PRESS
Juicio Socueva

El juicio por la quiebra de Socueva, en el que se imputaban delitos societarios y de insolvencia punible para cinco acusados, entre ellos, el expresidente de la CEOE, Miguel Mirones, ha quedado visto para sentencia sin que ninguno de los acusados haya reconocido la comisión de delito alguno, solicitando, por tanto, su libre absolución.

Ha quedado concluido después de que ninguno de los acusados —Miguel y Javier Mirones, Miguel Martínez de la Hidalga, Inés Serna, Miguel Tausía— hayan querido hacer uso de su derecho a la última palabra, remitiéndose a lo mantenido por sus abogados en las exposiciones finales.

Precisamente, la letrada que representa al expresidente de la CEOE, Carmen Sánchez Morán, ha apuntado que, a lo largo del juicio, "de ninguna manera ha sido probado" que su cliente, que fue administrador de Socueva hasta el 29 de junio de 2001, falseara las cuentas de la compañía, que es por lo que el fiscal y tres de las siete acusaciones le imputan un delito societario.

La abogada ha asegurado en su discurso apreciar una "especial fijación" de las acusaciones en su defendido por la "relevancia pública" que, a su juicio, tiene por los cargos que ha ostentado.

Ha expuesto "varias razones" que, en su opinión, descartan el tipo penal que se le imputa y ha insistido en que Mirones no tenía "ningún control" sobre la contabilidad de Socueva, que era elaborada por el departamento que la empresa tenía para ello con los datos que facilitaban los jefes de obra que estaban bajo control de Tausía, que también era administrador y, de hecho, lo fue hasta el final.

Prueba de que, si Socueva estaba en quiebra antes de la salida de Miguel Mirones, éste "no podía saberlo" es que compró las acciones que le vendieron sus hermanos, entre ellos, Javier, cuando dejaron la constructora unos meses antes que él, además de otras que le vendió Tausía, un "indicio", a juicio de la letrada, "fuertemente concluyente" de que su defendido no conocía la situación de la compañía.

Además, la letrada se ha preguntado en voz alta qué "efecto engañoso" o perjuicio pueden causar a los proveedores unas cuentas de Socueva, las del año 2000, que no se presentaron y, por tanto, se quedaron "en la intimidad" tal y como reconoce el fiscal en su escrito de acusación, un argumento de Sánchez Morán en el que también se ha apoyado el abogado de Miguel Tausía.

TAUSÍA

Al igual que la defensa de Miguel Mirones, la de Tausía ha señalado también que su cliente "no tenía dominio" sobre la contabilidad de la empresa porque no tenía formación en este ámbito y ha insistido en que no la llevó ni cuando aún estaban los hermanos Mirones en Socueva ni después, cuando contrató al Grupo Cota —de Miguel Martínez de la Hidalga y en el que trabajaba Inés Serna— para que gestionasen la constructora.

En este sentido, ha asegurado que tiene la "íntima convicción" de que esto ha quedado claro en el juicio, en el que, a su juicio, las acusaciones han disparado "con posta", "a todo lo que hay por ahí". "No se puede hacer esto en un proceso penal", ha aseverado.

En este sentido, cree que los comportamientos de los acusados no han sido los mismos, por lo que considera que deben diferenciarse y ha criticado que las acusaciones hayan mantenido la misma calificación de los hechos sea la misma.

Además, ha insistido en que Tausía era administrador de derecho, no de hecho, y ha señalado que éste otorgó poderes a la trabajadora del Grupo Cota acusada para actuar en Socueva para que llevase a cabo una "gestión leal".

En cuanto al delito de insolvencia punible que también se le imputa a Tausía, ha negado que, como mantiene el fiscal, éste llevara a cabo "actos de descapitalización" y ha opinado que ésta fue hecha en la etapa de los hermanos Mirones y él lo desconocía.

Ha negado que, por su defendido, haya habido un intento de alzamiento de bienes, ni de evitar el embargo de los bienes de Socueva ni de perjudicar a los proveedores con la cesión de créditos al Grupo Cota.

Grupo cota

Por su parte, el abogado del administrador del Grupo Cota, Miguel Martínez de la Hidalga, y de su empleada, Inés Serna, ha negado que sus clientes diseñaran y llevaran a cabo junto con Tausía un plan conjunto para vaciar patrimonialmente la constructora.

De hecho, ha hablado de una "desconexión" entre la actuación de sus defendidos, que, según ha dicho, tuvieron "siempre" la intención de pagar con los créditos a los acreedores con los créditos cedidos, y la de Tausía.

Sí ha apuntado el letrado de Martínez de la Hidalga hacía Tausía cuando ha señalado que éste realizó actos fuera del "control y conocimiento" de sus defendidos, incluso, algunos antes de que comenzaran a trabajar para la constructora.

Con estos actos, considera que Tausía sí perjudicó a la constructora y a sus acreedores. A su juicio, estas actuaciones sí se llevaron a cabo en "beneficio propio" de los administradores "tanto de los que se fueron" (los hermanos Mirones), como "de los que se quedaron" (el propio Tausía).

Entre otros, el "más grave" para el letrado fue un reconocimiento de deuda otorgado por Tausía a uno de los acreedores, Manuel Gómez Lloreda —que es una de las acusaciones en este juicio—, anteponiéndole" a otros a los que la constructora debía dinero, un acto, a juicio del letrado, "claramente fraudulento y perjudicial".

De hecho, ha recordado que la ejecución por parte de este acreedor de su derecho de cobro en octubre 2001 fue el "detonante" para Socueva, y supuso el embargo de todos sus activos, su "crisis definitiva" y el cese de su actividad.

Por otra parte, el letrado ha aclarado que la actuación de sus defendidos en Socueva estaba "delimitada" pro las decisiones que tomaba, "o debería tomar", las decisiones de Tausía, que era el administrador de la empresa. "Es muy fácil echarle la culpa porque son los últimos que llegan", ha apuntado.

También ha aludido al papel de los hermanos Mirones y ha mantenido que "no resulta creíble" que cuando éstos dejaron Socueva la constructora estuviese en una situación de bonanza económica.

De hecho, ha opinado que Miguel Mirones "casi regaló" las acciones a Tausía y ha puesto en duda los motivos de los Mirones para abandonar la empresa.

Respecto al papel de una de sus defendidas, Carmen Serna, ha apuntado que se limitaba a cumplir con lo que le mandaba su jefe, Martínez de la Hidalga —con quien se casó años después de los hechos que se enjuician—, por lo que, en su opinión, en su actuación no existió el "dolo" que exige el tipo penal de insolvencia punible que se le imputa.

Por otra parte, y respecto de la actuación del Grupo Cota para intentar quedarse con algunas de las obras adjudicadas a Socueva una vez que la constructora entró en quiebra y cesó su actividad, el letrado ha insistido en que la empresa de Martínez de la Hidalga se quedó únicamente con dos, "una minoría cuantitativa ridícula" a las que se llevaron otros.

Las exposiciones de estas defensas este martes han completado la que ayer, lunes, realizó el abogado de Javier Mirones; las acusaciones y el fiscal.

Conclusión adelantada

El juicio por la quiebra de Socueva arrancó hace quince días, el 3 de febrero, y ha concluido con adelanto a lo previsto, que era el 20.

Para el expresidente de la CEOE, el fiscal pide un año de prisión y multa de 3.240 euros por un delito societario. Reclama esta misma pena para su hermano, Javier Mirones, y para Miguel Tausía, estos dos también administradores de Socueva.

A Tausía, además de la pena anterior, la Fiscalía le reclama cuatro años de prisión y multa de 7.200 euros por insolvencia punible, lo mismo que pide a Martínez de la Hidalga y a Serna. Para estos tres pide indemnizaciones por más de 3 millones de euros.

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