El Juzgado contencioso administrativo 1 de Tarragona ha admitido a trámite una denuncia de la Asociación Contra la Tortura y el Maltrato Animal (Actyma) por los 'correbous' celebrados en L'Ampolla en junio de 2012, después de que la Generalitat archivara el caso.

En una interlocutoria de febrero de este año, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado da por buenos los vídeos y fotografías aportados por la asociación animalista, correspondientes a la modalidad de toros en el mar que se celebran en esta localidad de Tarragona.

Asimismo, solicita al Ayuntamiento que aporte la documentación relativa al festejo, incluidos los permisos sobre las bebidas servidas en el espectáculo, y que se concreten los nombres de tres personas encargadas de la organización y el control del evento.

Los festejos de L'Ampolla, que se celebraron el 23 de junio con motivo de la festividad de Sant Joan, consisten en la suelta de animales en un semicírculo que los redirige para que salten al mar, desde donde se recuperan gracias a la utilización de cuerdas desde una barcaza.

Según la denuncia de Actyma, esta modalidad no está incluida en la ley catalana de 2010 de protección de animales —que habla de "toros en la playa"—, y asegura que se llevó a cabo una mala praxis en la recuperación de los astados, mediante una soga alrededor del cuello con el consiguiente peligro de asfixia.

La entidad animalista precisa también que participaron menores de 14 años, que incluso subieron a la barcaza que rescataba a los animales, que entre los asistentes hubo quien consumió bebidas alcohólicas y presentaba signos de embriaguez, que se utilizaron palos y que algunos toros sufrieron lesiones, aspectos igualmente prohibidos.

Recurso de alzada

Actyma ya solicitó en julio de 2012 la incoación de un expediente sancionador ante la delegación territorial del Govern en Terres de l'Ebre por estos 'correbous', y recibió un mes después la notificación de que se había abierto un expediente informativo.

Pese a ello, no recibió ninguna otra comunicación, y ante la posibilidad de que se hubiera desestimado la denuncia, interpuso un recurso de alzada, momento en el que sí recibió un escrito de archivo de la denuncia.

Ante esta negativa, la entidad animalista presentó en marzo de 2013 un escrito ante la Administración de Seguridad de la Generalitat solicitando su incorporación al recurso de alzada, manifestando su oposición a la resolución de los servicios territorial de Terres de l'Ebre, y fue al agotar la vía administrativa cuando en noviembre decidió acudir a los tribunales.