Luis Bárcenas
Luis Bárcenas, en una imagen de archivo. GTRES

La Audiencia Nacional ha ratificado la negativa del juez instructor Pablo Ruz de acordar la descarga de los correos electrónicos de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta de los ordenadores profesionales de sus dos exsecretarias en la sede del partido en la calle Génova.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adopta esta decisión en un auto en el que desestima el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce el PSOE valenciano en esta causa contra la resolución del pasado 30 de octubre en la que Ruz denegó dicha diligencia de investigación.

Ruz envió el pasado 19 de diciembre una comisión judicial a la sede del PP para requerir una serie de documentos que el partido no había aportado La intención de esta acusación, al reclamar la descarga de los correos electrónicos de Bárcenas y Lapuerta entre 1993 y 2011 en esos ordenadores o del servidor en que se encuentren alojados, era descubrir las visitas de empresarios a la sede del PP "con la finalidad de realizar las donaciones que figuran en los papeles de Bárcenas", recuerda el auto.

La Sala, al igual que el juez y la Fiscalía, considera desproporcionada esa diligencia "por su carácter extensivo" en el tiempo y "por recaer sobre los ordenadores que utilizaban personas no imputadas", lo que "conlleva que pudiera incidir en la esfera personal e íntima de terceros ajenos al procedimiento penal que se tramita".

"No sirve de excusa la supuesta conducta impeditiva mostrada por amabas exsecretarias —Rosa María López Merinero y Estrella Domínguez López— por haber manifestado el pasado 10 de septiembre que las agendas de trabajo que tenían durante los años por los que se les preguntaron las han destruido, puesto que dicha obstrucción no está demostrada y no pasa de ser una hipótesis válida que admite conjeturas diferentes", observa el tribunal.

No obstante, y tras la negativa de acordar la descarga de esos ordenadores, Ruz envió el pasado 19 de diciembre una comisión judicial a la sede del PP para requerir una serie de documentos que el partido no había aportado y entre esos datos se pidieron los archivos informáticos o correos electrónicos que obrasen en los ordenadores de la sede relacionados con los hechos investigados y los imputados en el caso.

En particular, de quienes ostentaron las responsabilidades en las áreas de tesorería y gerencia durante el periodo temporal objeto de investigación: Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez.

Rechazado el recurso de Ángel Sanchis

Por otra parte y en otro auto, la misma Sala, compuesta por los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, rechaza el recurso del también extesorero de la formación Ángel Sanchis contra un auto de Ruz en el que le advertía de que faltaban 648.659,80 euros para completar la fianza de ocho millones en concepto de responsabilidad que le impuso el pasado 28 de octubre.

El extesorero sostiene que ha prestado esa fianza en su integridad Sanchis sostiene que ha prestado esa fianza en su integridad y por ello reclama que se revoque el denominado "auto de insuficiencia" para que se acuerde finalmente el desbloqueo de las cuentas vinculadas a su negocio de cítricos en la finca La Moraleja, en Argentina.

El tribunal explica que "la situación creada es consecuencia pura y simple de la aplicación de una concreta regla de valoración de la cuantía de la fianza prestada si ésta no se satisface con dinero en metálico, sino a través de la constitución en prenda de algún título negociable", como es el caso, ya que Sanchís la prestó mediante la pignoración de acciones de su empresa familiar.

Sin embargo, y pese a confirmar la decisión del juez por estar "ajustada a derecho, la Sala observa que esta situación quedó solventada el pasado 30 de enero cuando Ruz dictó un auto en el que finalmente declaró bastante la fianza constituida, "procediéndose al alzamiento del bloqueo de las cuentas de la entidad La Moraleja".

En otra resolución, la Sala confirma la imputación en el 'caso Gürtel' de María del Mar Rodríguez Alonso, propietaria de la empresa pantalla de Gürtel, MR&Asociados, a la que el consistorio madrileño adjudicó la organización del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP) en 2004.