Jacobo Rodríguez Miranda, extécnico jurídico del Ayuntamiento de Andratx e hijo del exministro de UCD Santiago Rodríguez Miranda, y Jaume Massot, exjefe de Urbanismo y exdirector general bajo uno de los mandatos de Jaume Matas, serán juzgados desde este lunes por auspiciar la concesión de una licencia ilegal para la construcción, en terreno protegido, de una vivienda unifamiliar a la que se sumó una zona de terrazas de unos 168 metros cuadrados.

Tanto Massot, quien en la actualidad cumple condena en la prisión de Palma por otras piezas del caso Andratx, como Rodríguez Miranda se sentarán de nuevo en el banquillo para ser juzgados junto a los cuatro propietarios del terreno en el que se llevaron a cabo las obras, y el excelador municipal Jaume Gibert. En concreto, la vista oral tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, si bien previsiblemente habrá conformidad entre las partes.

En su escrito de calificación provisional, los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach apuntan a que los inculpados incurrieron en presuntos delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. Así, pide cuatro años y medio de prisión para Massot, dos años para Gibert, seis meses para Rodríguez Miranda y tres años y dos meses para cada uno de los otros acusados.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por los abogados Josep de Luis e Isabel Fluxá en representación del Consistorio 'andritxol', reclama diez años de privación de libertad para Massot por los mismos ilícitos penales, y dos años para el exasesor jurídica.

Según las acusaciones, los propietarios de la finca, de 887 metros cuadrados y ubicada en suelo calificado como Área Rural de Interés Paisajístico (Arip), decidieron realizar las gestiones necesarias para poder construir un chalet de nueva planta y obtener una licencia que así lo amparase, a sabiendas presuntamente de que, dado el nivel de protección legal vigente en la zona y ante la inexistencia de una vivienda anterior a reformar, era imposible construir en este solar.

Pese a ello, postula la Fiscalía, los cuatro promotores convinieron en solicitar a Gibert un certificado de antigüedad en el que se hiciera constar que en la zona existía una casa en ruinas de más de cien años, cuya validez fue certificada a su vez por Massot, lo que posibilitó que los propietarios pudieran pedir, en enero de 2001, una licencia para ejecutar el proyecto básico de 'rehabilitación y reforma de vivienda unifamiliar aislada existente'.

Un certificado que, además, añaden los fiscales, faltó intencionadamente a la verdad por cuanto hacía constar "numerosos datos y elementos inveraces a fin de falsear la verdadera situación y posibilitar una cierta apariencia de legalidad para que los promotores consiguieran licencia administrativa donde legalmente no se podía obtener". Así, se simuló que preexistía una antigua vivienda donde únicamente había restos de una construcción que llevaba más de sesenta años derruida.

Una vez presentado este proyecto básico, prosigue el escrito de acusación, Massot informó favorablemente de la licencia un mes después, a sabiendas de que se trataba de una autorización contraria a derecho, mientras que, por su parte, Rodríguez Miranda emitió el preceptivo informe jurídico a pesar de que, al igual que el jefe de Urbanismo, "conocía sobradamente la inexistencia de una vivienda que reformar pues ello se deducía del expediente y, por ello, la falta de supuestos reales y legales para poder informar favorablemente".

Así las cosas, los cuatro propietarios, entre los años 2002 y 2005, realizaron diversos actos de construcción que finalmente derivaron en la ejecución de un chalet de nueva planta, al que se sumaron, al margen de lo previsto en la licencia otorgada, unas terrazas de unos 168 metros cuadrados así como unas dependencias anexas de 33,2 metros. En 2005, el propio Gibert emitió acta de suspensión de las obras por no ajustarse a la autorización concedida por el Ayuntamiento.

Rodríguez miranda,

Condenado en dos ocasiones

Se da la circunstancia de que el hijo de quien fue ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el último gobierno de UCD ha sido condenado hasta en dos ocasiones en el marco del caso Andratx. En una de ellas, la Audiencia le impuso siete años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros dentro de otro de los flecos de la causa -el número 9-, en el que por el contrario fue absuelto Massot. La sentencia fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo.

Del mismo modo, Rodríguez Miranda fue condenado a otros siete años de inhabilitación especial para el empleo de asesor jurídico así como a una multa de 4.320 euros como autor de un delito de prevaricación urbanística -la misma pena a la que fue sentenciado el arquitecto técnico Gabriel Vicens- por informar a favor de otra licencia ilegal que en este caso permitía la construcción de un chalet de 280 metros cuadrados, excluido un espejo de piscina de 50 metros, en un terreno protegido de cinco hectáreas.

Cabe recordar que por esta misma causa se encuentran en prisión, además de Massot, el propio Gibert y el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo. Tanto Massot como Hidalgo cumplen condena en la actualidad en el centro penitenciario de Palma por las dos primeras piezas del caso que fueron juzgadas dentro del caso Andratx, cuya complejidad conllevó la apertura de hasta un total de 77 piezas separadas.