La ley que reforma el principal órgano judicial turco y lo pone bajo control del Gobierno ha sido aprobada este sábado tras un tenso y violento debate parlamentario que acabó con tres diputados hospitalizados.

La reforma legal del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales de Turquía (HSYK) autoriza al ministro de Justicia a reestructurar su composición y le confiere un elevado control sobre su funcionamiento.

Durante las 20 horas de debate parlamentario, diputados del gubernamental AKP y de la oposición socialdemócrata se enzarzaron en un enfrentamiento físico que acabó con una nariz rota y tres legisladores en el hospital.

Las enmiendas fueron aprobadas gracias a la mayoría parlamentaria del islamista moderado AKP y con toda la oposición votando en contra.

La oposición ha señalado que este cambio legal acaba con la independencia judicial y con el principio de separación de poderes.

La reforma da al ministro de Justicia competencias para abrir procedimientos disciplinarios contra los miembros del HSYK y despedir al personal administrativo, incluido el secretario general.

La oposición ha denunciado que la reforma busca bloquear las investigaciones judiciales por casos de corrupción que afectan al Gobierno y que ha provocado ya la dimisión de cuatro ministros, por su implicación o la de sus hijos en supuestas actividades ilegales.

El presidente de Turquía, Abdullah Gül, tiene aún que ratificar la ley para que entre en vigor, aunque el principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, ha anunciado que denunciará la norma ante el Tribunal Constitucional.