El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido (PP), ha reiterado este viernes que desde la administración local se actuará conforme a los criterios técnicos en caso de derivar la responsabilidad en el patrimonio personal del empresario, líder de la oposición en el Consistorio y condenado en el caso Malaya, Rafael Gómez, para cobrar la sanción impuesta en 2005 por construir sin licencia 40.000 metros cuadrados de naves en la antigua fábrica lechera Colecor, en la carretera de Palma del Río, en la capital, y que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de 24,6 a unos 20 millones de euros.

En declaraciones a los periodistas, el edil ha recordado que hay unos informes que marcan las actuaciones, entre las que se incluyen la posibilidad de derivar la responsabilidad en Gómez, como administrador principal de la promotora en cuestión, una vez que la multa fuera firme en los tribunales, de manera que "si los técnicos estiman que ese es el camino, se hará", aunque destaca que hay que esperar a las actuaciones que se lleven a cabo por parte del sancionado.

Tras el fallo del TSJA, que "para colmo" rebaja la sanción, apunta el edil, "alguien tendrá que explicar también qué es lo que se hizo mal entonces" por parte del anterior gobierno local, después de "una rebaja sustancial de millones de euros", a la hora de aplicar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para fijar el importe de la sanción en base a la gravedad de la infracción cometida y el valor de la obra, que en este caso el TSJA reduce al presupuesto de ejecución material, esto es, a la suma de 14.345.998 euros, y se debe proceder para determinar el importe de la sanción a aplicar sobre dicha cantidad el porcentaje del 140%, que supondrían los 20 millones de euros de sanción.

Al respecto, Bellido comenta que "la sanción lleva puesta muchos años y no se ha podido cobrar", a lo que añade que hubo una caducidad en el expediente, y en la actual situación considera que "las esperanzas son mínimas" para poder cobrar la multa, si bien subraya que desde el gobierno local se va hacer "todo lo que los técnicos estimen conveniente para llevar a cabo el procedimiento".

En este sentido, el edil argumenta que la misma "forma parte de una herencia de la ciudad y el gobierno local", con ingresos de este estilo y "situaciones polémicas que vienen de actuaciones incompresibles para cualquier ciudadano", todo ello de "un cobro bastante dudoso y muy difícil".

En cualquier caso, defiende que el gobierno local no va a hacer que "la sanción suponga un déficit para el Ayuntamiento, como ocurrió en el anterior mandato", con la inclusión de estos ingresos para cobrar, pero hasta la fecha no se han cobrado, motivo por el que asegura que "nunca se van a contabilizar, salvo como dudoso cobro" en las cuentas municipales.

Además, aclara que el equipo de gobierno lo que no va hacer es inmiscuirse "desde la política en el procedimiento administrativo y de recaudación de la sanción", de manera que, agrega, "respaldaremos a los técnicos en todo lo que tengan que hacer para intentar hacer posible el cobro de la sanción y dejaremos trabajar ante cualquier interferencia que se quiera hacer desde cualquier ámbito desde el Ayuntamiento o fuera de él".

Y es que, a su juicio, "este asunto debe estar alejado de la esfera política", y el hecho de que Rafael Gómez sea concejal, "no debe ni para bien ni para mal, marcar la actuación para la recaudación", apostilla el edil de Hacienda.

Cabe destacar que en un informe elevado el año pasado a la comisión municipal de Hacienda del Ayuntamiento ya se recogía la previsión de subastar las naves de Colecor, al tiempo que detallaba que las citadas naves cuentan con una carga de hipotecas por importe superior a 27,4 millones de euros, que son de carácter preferente frente a la garantía existente a favor del Ayuntamiento.