La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha manifestado este viernes que las viviendas de protección oficial "no están en venta en Andalucía para ningún salón inmobiliario sino para que sea efectivo el derecho humano a la vivienda".

Así se ha pronunciado Cortés después de que su departamento haya abierto dos procedimientos administrativos contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como 'banco malo', por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas en la comunidad autónoma, por lo que se enfrenta a posibles sanciones por un importe máximo de 109,44 millones de euros.

La titular andaluza de Vivienda (IU) ha insistido en declaraciones a los periodistas en Almería en que desde el Gobierno andaluz se trata de "aplicar la Ley de Función Social de la Vivienda" para que las VPO radicadas en la Comunidad autónoma estén "a disposición de los andaluces que necesitan una vivienda".

Tras la apertura de este expediente, la consejera ha explicado que las 911 viviendas VPO en las que se basa uno de los procedimientos administrativos abiertos tendrán que pasar a formar parte de los registros públicos municipales de demandantes.

Según la Junta, la Sareb ha cometido infracciones muy graves —una por cada vivienda— ante una supuesta vulneración del artículo 20m de la misma Ley de Vivienda Protegida, también introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de los registros públicos municipales de demandantes.

Con esto, Cortés ha incidido nuevamente en las viviendas de protección oficial han sido financiadas con "dinero público" para precisamente "hacer posible ese derecho humano a la vivienda", con lo que ha justificado los dos expedientes abiertos por la Consejería, en los que observa también una infracción muy grave de la Sareb consistente en la no comunicación a la administración pública de los inventarios de viviendas protegidas en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda por parte de las entidades financieras.

Según ha indicado la Junta en una nota, las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos se ejecutarán siempre que la Sareb no acredite ante la Consejería haber puesto a disposición de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida los al menos 911 inmuebles de esta tipología que posee en Andalucía.

Estos registros establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

La Consejería que dirige Elena Cortés ha enviado a la Sareb un requerimiento oficial de información y documentación acreditativa de la puesta a disposición de sus viviendas protegidas en los Registros. Las sanciones establecidas por la Ley de VPO para sanciones muy graves van de 30.001 a 120.000 euros. Por lo tanto, los procedimientos sancionadores abiertos por la Consejería podrían suponer una sanción de un máximo de 109,4 millones de euros, siempre y cuando quede acreditado que la Sareb no ha puesto sus 911 viviendas a disposición de los Registros.