UGT ha insistido en la necesidad de "mantener la vinculación del IPC en la determinación de salarios y otras rentas", al tiempo que ha exigido "moderación y responsabilidad a las Administraciones Públicas a la hora de renovar servicios públicos prestados por y a través de las mismas, para permitir crecer el poder adquisitivo de los hogares, y el consumo y la demanda interna".

Según el sindicato, "enero cerró en la Región con un incremento de los precios del 0,2 por ciento interanual, la tasa más baja registrada en un mes de enero en la Región desde que se inicia esta estadística".

Por su parte, "la variación de la inflación subyacente (que no tiene en cuenta componentes más volátiles como alimentos no elaborados y productos energéticos) coincide este mes con la del índice general".

Estos datos reflejan "la intensa debilidad que atraviesa el consumo, motivada en gran parte por la presión a la baja que sufren salarios, pensiones y prestaciones públicas, rentas que ni en un contexto de baja inflación van a verse incrementados en términos reales".

La reforma laboral, a juicio de UGT, "se ha encargado de debilitar la negociación colectiva y con ella las revisiones salariales y los nuevos mecanismos de revalorización de las pensiones igualmente se han desvinculado del IPC, esto es, del incremento que experimenta realmente el coste de la vida".

A esto se suma "los efectos que tendrá, a partir de este mes, la nueva Ley de Desindexación de la economía, que hace desaparecer el IPC como referencia, sustituyéndolo por otro índice que le permitiría al Gobierno subidas discrecionales de precios y tasas públicas en función de sus necesidades presupuestarias y las de las empresas y, como siempre, en perjuicio de los ciudadanos".