Expectación y recelos ante la aprobación de la 'Ley Lassalle' sobre Propiedad Intelectual

Expectación y mucho recelo. Es lo que autores, usuarios, juristas, anunciantes y empresas tecnológicas manifiestaban antes de que el Consejo de Ministros aprobase al fin el Proyecto de ley que modifica la Ley de Propiedad Intelectual. Un texto que ha sorteado durante varios viernes la mesa del Gobierno, por desavenencias varias y ciertos obstáculos más técnicos, y que no gusta a casi nadie.

La denominada Ley Lassalle es la heredera de la Ley Sinde, aunque no goza de la misma repercusión mediática ni de la misma bandera por parte de sus cocineros. Todas las fuentes consultadas por 20minutos coinciden en que su desarrollo ha estado cubierto de una capa de invisibilidad y que la última versión del borrador es prácticamente un secreto de Estado.

Puede haber incluso cambios de última hora "que nadie conoce", indica una sociedad de gestión de derechos, aunque no se esperan modificaciones "gruesas".

Tres puntos clave son los que vertebran el enésimo intento del Ejecutivo por defender la propiedad intelectual: la vulneración de los derechos de autor en Internet, la copia privada y el control a las entidades de gestión de derechos tras episodios como el de la SGAE. El propio texto reconoce que hay "problemas" que no pueden esperar "a la culminación de la elaboración de un proyecto integral" y que por eso toma medidas.

Problemas, por ejemplo, como las webs de enlaces, siempre en el punto de mira. "Se está tratando de convertir la recopilación ordenada de enlaces como una infracción de la propiedad intelectual cuando esos enlaces, aun subidos por terceras personas, no cuenten con la autorización del autor", explica a 20minutos David Maeztu, abogado especialista en Propiedad Intelectual, que recuerda que el enlace "es el ADN de Internet".

Al enlace apunta este proyecto de ley, así como el Código Penal. Estas dos leyes, de hecho, podrían solaparse en el futuro y ofrecer "muchos problemas de aplicación práctica", añade. Entre la vía administrativa y civil y la penal, muchos procesos podrían discurrir por la segunda por una cuestión de rapidez. "No son necesarias más reformas legales", insiste Maeztu, aludiendo a la jurisprudencia española sobre este asunto. Europa, no obstante, también aporta sus pistas.

Hasta enero de 2014, según el Gobierno, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, creada por la Ley Sinde, recibió un total de 394 solicitudes y sus actuaciones terminaron con la retirada de contenidos y enlaces por más de 80 sitios web; solo 15 de esas webs han cerrado y cesado su actividad. La Ley Lassalle pretende reforzar el papel de esta Comisión vigilante, pero reconoce que no hay recursos.

Es una de las críticas más fuertes al proyecto de autores y operadoras. Antonio Fernández, director general de Adepi, asociación que agrupa a ocho entidades de gestión de derechos, recuerda que en diciembre el Consejo de Estado puso el dedo en la llaga: dijo que la Comisión, incluida la Sección Segunda, no tiene suficiente dinero, ni medios, ni estructura ni se le exige unos resultados mínimos a sus miembros, unos perfectos desconocidos hasta hace solo un año.

"La reforma es muy tímida, los matices introducidos son muy cosméticos", explica, añadiendo que no se han recogido las peticiones de los autores relativas a Internet y la vulneración de derechos "en todo tipo de contenidos". Hasta donde sabe, revela, los cambios respecto a última versión conocida del borrador —del mes de julio— no son cruciales; "tampoco" han tocado, insiste rotundo, la redacción sobre la copia privada.

Amalia Pelegrín, directora de Ametic (patronal de la electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y contenidos digitales), reconoce también que casi no han tenido acceso al texto, aunque juzga "importante" que se apruebe en estos momentos. Es un proyecto "positivo", comenta, aunque se suma a la petición de recursos para la Comisión, "si no, va a ser complicado" actuar.

Ellos se mostraron desde el principio a favor de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales, apunta, un aspecto que el Consejo de Estado vapuleó por su choque con el derecho europeo y porque la Ley Lassalle restringe demasiado el concepto de copia privada —"Puede tener el efecto perverso de promover un hábito de la descarga que se sitúe al margen de lo legal", dijo— . "¿Existe o no existe la copia privada?", se pregunta sobre el texto Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.

La Ley Lassalle habla de "soportes" que contengan reproducciones, de "copias" y de "actos legítimos de comunicación pública". Algunas fuentes consultadas critican que lo analógico sigue pesando más que lo digital. Domingo, muy duro, opina que el proyecto de ley, "que se ha hecho en las cañerías del Estado", se mueve en un limbo de "inseguridad jurídica" peligroso.

Si se recauda dinero en los PGE, dice, "¿qué sentido tiene prohibir la copia privada?"; "Y si el enlace está prohibido –añade—, Google tiene que cerrar mañana...". "Hay grandes sitios como Youtube o similares para los que se ha pretendido diseñar una reforma que los deje al margen, pero lo cierto es que parece complicado lograr una norma tan ajustada y permanente", explica Maeztu.

Mucho se ha hablado de la exclusión expresa de buscadores neutrales —y "enlazadores ocasiones"— en la persecución de las páginas de enlaces. El propio Consejo de Estado lo recomendó así en su dictamen sobre el Código Penal. El órgano consultivo se niega a hacer público su informe sobre la Ley Lassalle —que se filtró en diciembre— hasta que el Consejo de Ministros hable, aunque ninguna norma se lo impida. Adepi señala a "las empresas tecnológicas" como las "grandes beneficiadas" por la ley.

La ley prevé también convertir a proveedores de Internet y las empresas de publicidad en agentes al servicio de la Comisión Sinde e incluye sanciones muy duras, hasta "los 600.000 euros", si no se colabora. Paula Ortiz, directora jurídica de IAB Spain, asegura que esto es "desproporcionado" y asegura que el sector ha propuesto la inclusión en el texto de un artículo que promueva la autorregulación, "tal y como se ha hecho en otros países como Estados Unidos o Reino Unido".

Ortiz relata que el proyecto no es nada claro a la hora de adentrarse en el "complejísimo ecosistema" publicitario, "en el que desde el anunciante hasta el medio existen multitud de actores implicados y en el que los espacios publicitarios se subastan en tiempo real". A la hora de determinar responsabilidades, explica, es imprescindible saber de quién estamos hablando.

Asimismo, plantea varias dudas. IAB se pregunta si suspender la publicidad en ciertas webs "garantiza la cesación en la vulneración de derechos de terceros" y apunta que "la conducta del medio en el que se publica" una campaña on line "no depende en absoluto de la voluntad del prestador de servicios de publicidad". ¿Y qué ocurre hay un cambio de proveedor sobre la marcha? Todos son recovecos.

Operadoras, anunciantes y autores muestran en conversación con 20minutos su compromiso con la defensa de los derechos de autor y apelan a la necesariedad de una legislación más trabajada. La Ley Lassalle saldrá este viernes como proyecto de ley del Consejo de Ministros e iniciará su tramitación parlamentaria, en la que algunos muestran cierta esperanza. "La LSSI tuvo un debate intenso y salió lo que salió, pero al menos hubo cierto consenso", apostilla Domingo.